En nuestro país el voto es libre, directo y secreto. Aunque sociólogos, politólogos y periodistas nos lancemos el próximo domingo a analizar cómo ha votado el "cuerpo electoral", como si de un organismo compacto se tratase, la realidad es que es imposible escrutar el qué ha llevado a cada ciudadano a votar a quien ha votado.
Es más, muchos electores estarán hoy, a cuatro días de las elecciones, intentando dilucidar si con su voto juzgarán la penúltima legislatura o esta legislatura abortada por la incompetencia del Congreso para elegir un nuevo presidente.
Técnicamente el 26J no se repiten las elecciones del 20D. En sentido estricto el domingo juzgaremos el papel que han jugado los líderes políticos en estos seis meses aciagos. Dado que todos repiten, su papel en la anterior legislatura ya quedó juzgado en diciembre. Ahora queda valorar lo que ha sucedido en estos últimos meses.
Y este periodo ha sido especialmente duro para el PP que, con angustia, ha ido contando las semanas por estallidos de nuevos casos de corrupción. La Operación Taula, el Caso Acuamed, los Papeles de Panamá, la Operación Nazarí en Granada, las nuevas revelaciones en la Operación Púnica y los Papeles de Bárcenas, la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP en Madrid, agujereado por la Gürtel, la imputación de Juan Cotino, el avance de las investigaciones sobre los presuntos comisionistas Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, la imputación del PP como partido en Valencia y la fianza impuesta al PP nacional como responsable civil subsidiario de las tropelías de su extesorero*
Pero lo más relevante ha sido la implicación del número tres de Presidencia en el caso Acuamed y, sobre todo, la de dos ministros en funciones en asuntos oscuros: José Manuel Soria, que tuvo que dimitir por mentir a los ciudadanos sobre su presencia en los Papeles de Panamá, y la última traca, las conversaciones grabadas al ministro del Interior de las que se desprende que intentó conspirar contra rivales políticos en su despacho del ministerio. Dice el ministro que él es la víctima y que lo que hemos escuchado los ciudadanos se ha sacado de contexto. Pero que a un ministro del Interior le graben eso que hemos escuchado y en su despacho demuestra indecencia e incompetencia.
El estallido no tiene parangón, y aunque responsables públicos como el propio Fernández Díaz y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que deberían defenderlos, han sembrado dudas sobre jueces y policías por la casualidad de que estos casos afloren en momentos tan críticos, más bien habría que preguntarse si no tuvieron la deferencia de posponerlos para no interferir en el proceso anterior.
