La Comunidad de Madrid le ha suspendido de empleo y sueldo sin esperar a que el juez avance en la instrucción ni a que decrete la apertura de juicio oral ni a que haya sentencia de culpabilidad, cosa que puede tardar si es que se produce. De momento, la Administración actúa cautelar y preventivamente alejando al presunto abusador de sus alumnos y la decisión no ha suscitado protesta alguna en el profesorado, entre el alumnado ni en las asociaciones de padres y madres.
Lo más probable es que al leer el relato de los hechos del párrafo anterior haya encontrado en la sucesión de acontecimientos una lógica aplastante, sin encontrar ningún resquicio de duda. Pero eso pasa porque el individuo en cuestión no es un político presuntamente corrupto. Porque de haber sido así, su partido habría defendido su presunción de inocencia y postergado cualquier medida disciplinaria, al menos, hasta la apertura de juicio oral.
Y habría acusado a los medios de comunicación de abrir un juicio paralelo buscando una condena de telediario y a sus rivales políticos de utilizar torticeramente el caso de su compañero. Quizás hasta el ministro de Justicia habría protagonizado un Informe Semanal en TVE acusando preventivamente a periodistas y adversarios políticos de potenciales consecuencias trágicas sobre su correligionario, por si acaso.
Cada vez que la corrupción toca a un político, muchos ciudadanos reclamamos que sea apartado preventivamente de la gestión pública, porque es insoportable desde el punto de vista democrático dejar que siga legislando, gobernando o administrando a quien puede ser condenado con el paso del tiempo como vulgar delincuente. De la misma manera que un presunto abusador de niños no puede seguir administrando un colegio de primaria. Quizás con el ejemplo lo vayan entendiendo.