Para la lucha contra esta plaga de la corrupción, en la vertiente de la prevención, es básica la reducción al máximo, de la enorme cantidad de cargos de libre designación".
- jueves, 02 de mayo de 2024
- Actualizado 12:55
Una de las lacras que España arrastra en las últimas décadas, siendo noticia negativa de actualidad, es la corrupción, es decir aquellas conductas en la esfera de lo público tanto de acción como de omisión relacionadas con el mal uso o destino de los recursos públicos para beneficio de intereses particulares.
Los funcionarios públicos, que componen la Administración, están obligados en el desempeño de su función, por los principios consagrados en el art. 103 de la Constitución, a “servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
Los tradicionales y prestigiosos cuerpos de funcionarios públicos que conforma la Administración, están sufriendo un progresivo proceso de desprestigio y deterioro, sometidos a una imparable invasión en sus competencias, pues estas vienen a ser desempeñadas de hecho, por gabinetes o staff paralelos, que rodean al político de turno con personal eventual elegido a dedo entre simpatizantes, parientes y bienhechores.
No hay un deslinde en el ámbito de la Administración y el Gobierno, confundiendo los perfiles técnicos de funcionario, con cargos de Gobierno cuyo perfil responde a criterios de confianza, consignas políticas, y nepotismo a veces, y cuyo objetivo es en algún caso, la prisa por aprovechar el mandato para el enriquecimiento injusto.
La tipología de los delitos de corrupción están relacionados, según fuentes estadísticas, con el urbanismo, la malversación y el amaño de las contrataciones públicas. Estas últimas inciden de forma notable en la vida económica y social, y no han sido ajeno a Navarra ese amaño en el pasado, pero ahora se han dado presuntos casos, donde gracias a la actuación de funcionarios, componentes de mesas de contratación, figuran en actas, reparos a adjudicaciones que pueden ser motivo de intervención de la Fiscalía Anticorrupción.
Para la lucha contra esta plaga de la corrupción, en la vertiente de la prevención, es básica la reducción al máximo, de la enorme cantidad de cargos de libre designación, caso de nuestro Gobierno Foral, y en los Ayuntamientos (urbanismo) acabar con las interinidades de secretarios e interventores, sometidos al capricho de las Corporaciones para mantener su plaza de funcionario.
No solo vale a los políticos decir somos transparentes, algo muy relativo, sino seguir una orientación ética, donde la integridad, objetividad, honestidad y responsabilidad coincida con los principios que la ley exigen a los funcionarios públicos, primer freno
para prevenir la corrupción.
