Carta de Judith Sarrablo Roure
- domingo, 15 de febrero de 2026
- Actualizado 10:59
España se fundamenta en un marco jurídico claro y sólido. La Constitución Española establece en su artículo 16 que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades”, y en su artículo 27.3 reconoce expresamente que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Estos principios no son declaraciones simbólicas; constituyen derechos fundamentales que orientan la acción pública y delimitan el marco en el que deben adoptarse las decisiones educativas.
En la Comunidad Foral de Navarra, como en el conjunto del Estado, la enseñanza de la Religión forma parte del sistema educativo en virtud de este reconocimiento constitucional y de los acuerdos internacionales suscritos por España. No se trata de un privilegio, sino del ejercicio de un derecho reconocido a las familias en una sociedad plural y democrática.
Los profesores de Religión desempeñan una labor educativa que va más allá de la transmisión de contenidos confesionales. Contribuyen a la formación integral del alumnado, fomentando valores universales como la dignidad de la persona, la solidaridad, el respeto al prójimo y el compromiso social. En muchos centros, su presencia ha sido también un puente de diálogo intercultural y un apoyo en la educación en valores éticos.
Cualquier medida que afecte a estos profesionales debe analizarse desde la responsabilidad institucional y el respeto al marco constitucional. Hablamos de trabajadores que han accedido a sus puestos conforme a la legalidad vigente, que han servido durante años al sistema educativo y que merecen seguridad jurídica, estabilidad y consideración.
El debate sobre el modelo educativo es legítimo en democracia. Sin embargo, el respeto a los derechos fundamentales no puede quedar al margen de ese debate. Defender la permanencia de la enseñanza de la Religión en condiciones dignas no significa imponer una visión determinada, sino salvaguardar la libertad de elección de miles de familias y el principio de pluralismo que caracteriza a nuestra nación.
España ha construido su convivencia sobre la integración de sensibilidades diversas. Preservar ese equilibrio exige diálogo, prudencia y lealtad institucional. La educación debe ser espacio de encuentro, no de exclusión; de respeto, no de enfrentamiento.
En momentos de transformación social, reafirmar los valores constitucionales es más necesario que nunca.
Defender a los profesores de Religión, su dignidad profesional y el derecho de las familias que optan por esta enseñanza es, en última instancia, defender el espíritu de libertad y pluralismo que define a nuestro país.
Carta de Judith Sarrablo Roure
