Agregar cuatro partidos dispares para mediante un acuerdo y sumar la mayoría suficiente para alcanzar el poder es relativamente fácil. Basta compartir un interés común cual es el acceso a las sedes y poltronas de la autoridad y tener voluntad y votos para ello.
Ahora bien, conseguir que esa forma de acceder al mando, conlleve un ejercicio del gobierno en favor del interés ciudadano y se realicen los proyectos que mejoren y modernicen la vida de las personas, es otra cosa.
Y ya el colmo es que ese agregado de intereses dispares no sólo no sea capaz de concretar y terminar una sola acción de envergadura sino que además sus discusiones internas empobrezcan y añadan dificultades en el día a día de los ciudadanos gobernados.
Y por este camino se está conduciendo el Gobierno de Barkos, un ejecutivo en el que la factura de sus disputas y pulsos internos se la cargan en la cuenta de los ciudadanos.
Desde el comienzo, las trifulcas dialécticas y los desencuentros de ideas y de proyectos han sido la pauta. Las consecuencias de esta continuada conducta, han conllevado inoperancia en la acción y subidas de impuestos alocadas, fruto de los apaños entre los asociados que sostienen el cuatripartito.
Así ocurrió en el último trimestre de 2015 en el que las discrepancias internas sobre los nombramientos de cargos, la paga extra de los funcionarios o los desatinos en educación ocupaban todo el quehacer político.
Mientras tanto se avecinaba una reforma fiscal en la que cada cual tiraba para su lado sin mostrar ninguna visión en favor del interés general.
El resultado de todo ello se concretó el 22 de diciembre de 2015 con una reforma fiscal repleta de componendas y arreglos entre los cuatro grupos.
Un alteración tributaria que pagamos todos los ciudadanos en forma de un incomprensible castigo fiscal a las familias (subida de tipos y eliminación del sistema de reducciones a las familias con hijos sea cual sea su renta) y para dar satisfacción a los jerarcas de Bildu, se incrementa un impuesto a la empresa familiar que los emprendedores no lo sufren en ningún otro lugar.
El segundo año de gobierno de Barkos prosiguió con idéntica trama: líos de banderas, más discusiones por la paga debida a los funcionarios, bloqueos de presupuesto debido al incremento de gasto, nuevos altercados por contratación de informes sobre la ocurrencia de contar con una banca pública y nuevo “retoque” fiscal.
Resultado: se prolonga la inoperancia y de nuevo al finalizar el año 2016 se firma otra tregua entre los miembros del gobierno con la aprobación de más medidas tributarias en las que no solamente se prolongan las injustas subidas de impuestos a las familias y a las empresas sino que se aprovecha la ocasión para “calmar “a los parlamentarios de Podemos añadiendo una repentina penalización fiscal a todos los previsores que se esfuerzan en disponer planes de pensiones para el futuro.
Y así llegamos a este inicio de curso en el que las riñas persisten y suben de tono por el sectario interés de la mayoría de grupos del gobierno en el sentido de que Navarra quede fuera de la alta velocidad ferroviaria.
Y de nuevo se repite el mismo bucle: nueva retahíla de zancadillas adentro del gobierno para paralizar no sólo el tren y el Canal de Navarra sino ahora también el traslado de salesianos. Y nuevos tejemanejes en materia de fiscalidad.
Ahora la novedad es que, tras comprobar los cientos de casos de ciudadanos maltratados por el injusto desembolso económico, algún grupo apunta cierta voluntad de rectificar. Si bien a cambio, otros socios ya reclaman que se endurezcan aún más los impuestos a las empresas que son quienes crean empleo y a quienes este gobierno trata como si fueran algo ajeno, o extraño al progreso social.
En definitiva, las subidas de impuestos parece resultar la medicina que calma los enfrentamientos y disputas del cuatripartito. Lo peor es que tal paliativo lo elaboran disminuyendo el bolsillo de los ciudadanos a los que deben servir y ofrecer mejoras.
Unas reformas atolondradas, producto del regateo de proposiciones sectarias de los diferentes socios de gobierno alejadas del interés ciudadano y sin responder a ninguna visión de progreso.
Y es que, mantener el poder no es lo mismo que gobernar en favor de la gente sino que en ocasiones lo primero se opone a lo segundo.
