Cada nueva amenaza regulatoria, cada nueva sospecha sobre el propietario y cada nueva ocurrencia burocrática consiguen que más personas decidan cerrar la puerta y guardar la llave. No por egoísmo, sino por miedo.
El Gobierno de Navarra ha descubierto una nueva vocación: la de inspector de salones, dormitorios y contadores. Ya no basta con recaudar impuestos, regular el mercado o legislar hasta el último detalle. Ahora también quiere saber por qué una vivienda está vacía. Porque, al parecer, en la Navarra de María Chivite la propiedad privada empieza a ser privada... hasta que el Gobierno decide interesarse por ella.
La última ocurrencia consiste en enviar cartas a propietarios de viviendas que la Administración considera vacías tras cruzar datos de consumo eléctrico, agua y registros administrativos. Lo llaman política de vivienda. Otros lo llamarán una nueva demostración de que la izquierda siente una atracción casi irresistible por meter la nariz donde no la llaman.
La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué hay propietarios que prefieren dejar un piso cerrado? La respuesta también. Porque muchos han aprendido por las malas.
Hay quien ha sufrido años de impagos. Hay quien ha tenido que gastar miles de euros en abogados para recuperar su vivienda. Hay quien se ha encontrado el piso destrozado. Y hay quien, como quien firma estas líneas, llegó a descubrir que su vivienda había terminado convertida en un prostíbulo. Esa experiencia vacuna para siempre contra los discursos de quienes hablan del alquiler desde un despacho oficial y jamás han tenido que recuperar una llave por vía judicial.
Pero el Gobierno parece haber encontrado al culpable perfecto: el propietario.
No se persigue al delincuente que ocupa una vivienda. No se avergüenza públicamente al moroso profesional. No se envían cartas a quienes convierten el alquiler en una pesadilla. No. La carta llega al ciudadano que ha comprado una vivienda con su dinero, paga el IBI, paga la comunidad, paga los impuestos... y, además, debe explicar por qué no la alquila.
Extraordinario.
Lo verdaderamente preocupante no es la carta. Es la mentalidad. Esa idea tan arraigada en cierta izquierda de que todo lo privado debe estar permanentemente supervisado por la Administración. Si tienes una vivienda, el Gobierno quiere saber qué haces con ella. Si mañana tienes dos, quizá quiera saber por qué. Y pasado mañana igual decide decirte cuál es el uso «socialmente correcto» que debes darle.
A este paso, no sería extraño que el siguiente envío oficial preguntara cuántos días pasas fuera de casa, cuántas habitaciones utilizas o si enciendes demasiado poco la calefacción. Siempre por tu bien, por supuesto. Porque el intervencionismo siempre empieza con una carta muy educada.
Lo paradójico es que quienes dicen querer aumentar la oferta de vivienda hacen exactamente lo contrario. Cada nueva amenaza regulatoria, cada nueva sospecha sobre el propietario y cada nueva ocurrencia burocrática consiguen que más personas decidan cerrar la puerta y guardar la llave. No por egoísmo, sino por miedo.
El Gobierno debería hacerse una pregunta mucho más incómoda: ¿por qué miles de propietarios consideran más seguro tener una vivienda vacía que alquilarla?
Quizá la respuesta no esté en el contador del agua.
Quizá esté en el BOE, en el BON y en años de políticas que han convertido al propietario en sospechoso y al incumplidor en protagonista de todas las excusas.
Porque cuando un Gobierno dedica más esfuerzo a vigilar al ciudadano que a proteger sus derechos, deja de solucionar problemas y empieza a crearlos.
Y eso, por mucho que lo disfracen de política social, tiene un nombre muy distinto: intervencionismo.
Juan Antonio Extremera Apesteguia
