La Policía Nacional, en colaboración con la policía francesa, ha detenido a un matrimonio que reside en Francia desde 2014 por cobrar durante años de forma fraudulenta ayudas sociales gestionadas por el Servicio de Empleo del País Vasco por una cantidad de 140.281 euros.
Estas prestaciones sociales corresponden la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya gestión es competencia del Gobierno vasco.
Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota, la investigación ha partido de la comisaría de San Sebastián de la Policía Nacional, que fue alertada por el Servicio de Empleo del País Vasco de que una persona nacional de Argelia que tiene una tarjeta de residencia de larga duración en la Unión Europea estaba recibiendo prestaciones sociales vascas a pesar de residir en Francia desde hace varios años.
Durante la investigación se confirmó que esta persona y su familia residían en Francia desde el año 2014 y que toda su unidad de convivencia, compuesta por el matrimonio y sus cinco hijos, estaban recibiendo prestaciones económicas.
Entre las obligaciones para recibir las ayudas sociales en el País Vasco figura que tanto el solicitante de la prestación como todos sus beneficiarios tienen que notificar en un plazo máximo de 15 días los hechos que pudieran dar lugar a una modificación de los requisitos para cobrar estas ayudas como percibir otros ingresos, tener propiedades o cambios de domicilio, entre otros.
La investigación policial comprobó que el matrimonio comenzó a recibir las ayudas en 2008 y desde entonces ha percibido 177.912 euros, de los que se estima que 140.281 han sido cobrados de forma fraudulenta.
Además, se ha acreditado, según las fuentes, que el padre ha estado trabajando en diferentes empresas de Francia y que también ha percibido diferentes ayudas económicas provenientes del Estado francés en concepto de ayudas para la educación de sus hijos.
"Sin embargo todos estos ingresos en ningún momento han sido declarados ni comunicados a los organismos públicos de España", ha aclarado el Ministerio.
En la actualidad los detenidos, acusados de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, son titulares de tres vehículos, dos de ellos franceses y uno español. También había otro vehículo que fue de su propiedad entre 2014 y 2016 y todas estas propiedades no habían sido declaradas.
