La improvisación normativa impuesta por el equipo de gobierno de Joseba Asiron ha desencadenado un profundo malestar vecinal en la capital navarra. La plataforma Afectados por Urbanismo Pamplona ha reclamado formalmente al Consistorio que deje sin efecto la suspensión de licencias decretada para transformar locales y plantas bajas en viviendas, una medida aprobada en Pleno el pasado 2 de julio que ha dejado atrapadas a decenas de familias.
Los perjudicados han denunciado que el bloqueo municipal ha paralizado de forma fulminante proyectos que ya estaban en marcha. Muchos de los compradores habían adquirido sus bajeras comerciales como única alternativa de acceso a la propiedad tras consultar con el área de Urbanismo, encargando proyectos técnicos e invirtiendo ahorros que en algunos casos superan los 90.000 euros.
Ante la gravedad de los perjuicios ocasionados por la parálisis del Ejecutivo municipal, la asociación ha llevado el acuerdo ante la vía judicial, solicitando medidas cautelares urgentes para frenar la moratoria mientras se resuelve el procedimiento.
El principal argumento de los afectados radica en la arbitrariedad del propio mapa de restricciones impuesto por el tripartito municipal. En febrero de 2025 se contemplaba una lista inicial de 65 calles a proteger, pero la suspensión final terminó ampliándose de manera expansiva hasta alcanzar las 90 vías bloqueadas. Representantes de EH Bildu y sus socios han tenido que reconocer públicamente en las últimas semanas que la delimitación fue "excesivamente restrictiva" y deberá ser ajustada sobre la marcha.
La controversia no solo afecta a los particulares que buscaban su primera vivienda en un contexto de acuciante escasez de vivienda protegida en Navarra, sino que amenaza con golpear a todo el sector de la construcción y las reformas. La plataforma ha estimado que el frenazo de Asiron a estas intervenciones puede bloquear inversiones privadas de entre 5 y 17 millones de euros en la ciudad.
Por todo ello, el colectivo ha exigido al alcalde que anule la moratoria o, al menos, garantice la tramitación de los expedientes que iniciaron sus compromisos económicos antes del blindaje municipal. "Primero estudiar y analizar; después, si es necesario, regular. No al revés", han censurado.
