El conflicto por el servicio de bicicletas eléctricas en Pamplona ha vuelto al centro del debate político municipal. El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Ayuntamiento de Pamplona ha lamentado lo que ha calificado como el “batacazo de Asiron” con este sistema de alquiler, que ha dejado “en la estacada a cerca de 90.000 usuarios”.
Los regionalistas han asegurado que, pese a que el actual equipo de gobierno ha atribuido la situación a la “herencia del gobierno de UPN”, la responsabilidad es “exclusiva de EH Bildu”. A su juicio, la paralización del servicio responde a decisiones adoptadas durante el mandato de Joseba Asiron.
Desde UPN han recordado que el sistema de bicicletas eléctricas se implantó bajo su gestión y que, mientras gobernaron en Pamplona, “funcionaba correctamente, sin coste para el Ayuntamiento y estaba muy bien valorado entre los usuarios”. Han defendido que el modelo anterior no generaba problemas ni suponía carga económica para las arcas municipales.
La formación foralista ha criticado que “han sido las decisiones del actual equipo de gobierno las que nos han traído a esta situación”. En este sentido, han señalado directamente al concejal de Movilidad, Joxe Abaurrea, quien en abril —más de un año después de la moción de censura— anunció un acuerdo que calificó de “fantástico” porque “solucionaba todos los problemas” del servicio.
Sin embargo, según UPN, aquel acuerdo “resultó un fracaso” y “saltó por los aires solo un mes después de hacerse efectivo”. Los regionalistas han considerado que aquella solución no logró estabilizar el servicio de bicicletas eléctricas en Pamplona.
Además, han añadido que la situación actual reproduce el mismo patrón. Con el servicio ya prácticamente paralizado, Abaurrea anunció la licitación de un nuevo concurso con efecto en diciembre y una supuesta “transición ordenada” mediante un acuerdo con la empresa Ride On.
Una semana después, según UPN, el propio concejal reconoció que esa transición no se iba a producir y que el sistema estará parado “al menos durante los próximos meses”. Para los regionalistas, esta falta de continuidad ha generado incertidumbre entre miles de usuarios en Pamplona.
En medio del cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Pamplona y la empresa adjudicataria, UPN ha subrayado que “lo único que está claro es que decenas de miles de usuarios han perdido un servicio que era muy importante en el día a día de muchos de ellos, y que Asiron ha sido incapaz de dar una respuesta a esta situación”.
