La empresa Ride On Pamplona, S.L. ha respondido al requerimiento del Ayuntamiento de Pamplona para restituir el servicio de bicicleta eléctrica compartida y ha asegurado que le resulta “materialmente imposible” reactivarlo en el plazo fijado.
La compañía ha atribuido la suspensión a una emergencia financiera y a problemas de seguridad operativa. También ha defendido que la situación no ha obedecido a una decisión unilateral. Según su escrito, los motivos han sido “estrictamente financieros” y se han debido “directa y únicamente” a incumplimientos contractuales del Consistorio.
Ride On ha afirmado que ha advertido de este escenario durante meses. En concreto, ha señalado que ha mantenido más de 34 reuniones y ha remitido más de 150 comunicaciones electrónicas al Ayuntamiento, avisando de la “inviabilidad operativa” si no se corregían los problemas.
En su respuesta, la empresa ha puesto el foco en el acuerdo del 16 de abril de 2025. Ha dicho que le sorprende que el Ayuntamiento le exija cumplirlo cuando, según su versión, el propio Consistorio lo ha incumplido “de forma sustancial y reiterada”.
Entre los puntos que ha enumerado, Ride On ha citado la aportación municipal de 200.000 euros. La empresa ha sostenido que se pactó como aportación “a fondo perdido” para cubrir deuda, pero que después se transformó en un anticipo y, más tarde, se exigió su devolución, lo que considera contradictorio con lo acordado.
La concesionaria también ha reclamado el beneficio industrial del 6% que, según el escrito, se recogió como elemento esencial para la viabilidad del contrato. Ride On ha asegurado que ese porcentaje “nunca” se ha abonado.
Otro de los ejes de la respuesta ha sido la compensación económico-financiera del déficit. Ride On ha afirmado que el Ayuntamiento se comprometió a asumirlo mientras la empresa siguiera gestionando el servicio, pero ha denunciado retrasos y, especialmente, que desde septiembre de 2025 no se ha abonado cantidad alguna “pese a haberse presentado puntualmente las liquidaciones”.
Además, la empresa ha señalado que el Ayuntamiento retiene 55.282,50 euros por la extensión de abonos a usuarios, un anticipo que se habría acordado en una Junta de Gobierno Local en diciembre de 2025.
Ride On también ha aludido a la compra del stock por parte del Ayuntamiento. Ha recordado que se fijó un importe de 700.000 euros más IVA, que el material habría estado a disposición desde abril de 2025 y que, pese a ello, ha denunciado retrasos en la tramitación, falta de un acta definitiva de recepción y, sobre todo, que “a fecha de hoy” no se ha realizado “ningún pago” por ese stock.
En el documento, la empresa ha rechazado que el Ayuntamiento pueda dar por incumplida de forma unilateral la continuidad del servicio. Ha argumentado que no se puede exigir el cumplimiento de un acuerdo cuando, según su versión, la otra parte ha incumplido antes sus obligaciones. También ha advertido de que reactivar el sistema sin “garantías mínimas” pondría en riesgo la seguridad de las personas usuarias.
Por todo ello, Ride On ha “requerido” al Ayuntamiento que reconozca los impagos y cumpla las obligaciones en sus “justos términos”. Entre lo que ha pedido, ha incluido el pago del stock, las compensaciones pendientes desde septiembre de 2025 hasta enero de 2026, el anticipo de abonos y el reconocimiento y pago del 6% de beneficio industrial.
Aun así, la empresa ha reiterado su voluntad de trabajar en una transición ordenada para “beneficiar” a los usuarios. Eso sí, ha condicionado cualquier recuperación progresiva del sistema a la llegada “inmediata” de fondos para acopiar material, recontratar personal operativo y reactivar el servicio con seguridad.