La asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha expresado su preocupación por la transferencia de las competencias de Tráfico en Navarra y ha denunciado falta de transparencia por parte del Gobierno de Navarra. El colectivo ha asegurado que ha pedido una reunión presencial con la consejera de Función Pública, Interior y Justicia, pero ha recibido una negativa.
JUCIL ha recordado que, a día de hoy, las competencias de Tráfico en la Comunidad Foral se desarrollan de forma conjunta entre agentes de la Guardia Civil y de la Policía Foral. Sin embargo, la asociación ha advertido de una “incertidumbre creciente” desde hace meses por la posibilidad de que la gestión pase a ser exclusiva de la Policía Foral.
Según ha indicado, los guardias civiles destinados en la Agrupación de Tráfico no tienen información oficial sobre el estado de tramitación de la transferencia. Para JUCIL, esa situación está generando inseguridad profesional y también personal, por el impacto que puede tener en las familias de los agentes.
La asociación ha subrayado además que el primer intento de traspaso fue anulado judicialmente tras un recurso presentado por JUCIL. Y ha criticado que el nuevo impulso que se pretende dar este año se esté llevando a cabo, a su juicio, sin contar con la voz de los profesionales afectados.
“Nuestra intención es establecer un canal de diálogo para conocer de primera mano cómo se va a ejecutar este proceso y en qué situación quedarán los agentes”, han explicado desde el colectivo. JUCIL ha considerado “decepcionante” que se les “cierre la puerta” ante un cambio que, según defienden, afecta a la estabilidad de muchas familias de guardias civiles en Navarra.
Por último, JUCIL ha apelado a la responsabilidad institucional para que el Ejecutivo foral abandone la opacidad y acceda a un diálogo que garantice los derechos de unos profesionales que, según ha remarcado, siguen prestando servicio en las carreteras navarras “con la máxima dedicación”.
La asociación ha recordado que cuenta con más de 15.000 miembros y que sus principales objetivos son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, la mejora de las condiciones laborales y la defensa del despliegue eficaz y la dotación adecuada de la Guardia Civil en sus competencias.
