• martes, 11 de febrero de 2025
  • Actualizado 21:33
 
 

POLÍTICA

Comptos constata caos y fraudes en Navarra con el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de Chivite

Ambas ayudas se solapan y sólo uno de cada cuatro perceptores encontró un empleo. En 2023 hubo 15.888 beneficiarios, con un coste de 50 millones.

Dos mujeres durante una concentración en defensa de ‘un ingreso mínimo vital digno’, frente a la sede del Ministerio ALEJANDRO MARTÍNEZ / EUROPA PRESS
Dos mujeres durante una concentración en defensa de ‘un ingreso mínimo vital digno’, frente a la sede del Ministerio ALEJANDRO MARTÍNEZ / EUROPA PRESS

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la gestión de la renta garantizada y su impacto en el empleo. El análisis se refiere al periodo 2019-2023. El informe apunta debilidades en una gestión compleja por la existencia de dos prestaciones (renta garantizada e ingreso mínimo vital) con un mismo objetivo, diferentes regulaciones y que muchas veces se solapan.

El informe, solicitado por el Parlamento de Navarra a instancias del Partido Popular, aporta datos referidos a pobreza y exclusión social. En este sentido, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, un 17 por ciento de la población navarra se encuentra en riesgo de pobreza y casi un 8 por ciento presenta una tasa de pobreza severa. Estos indicadores sitúan a Navarra en mejor posición que la media del Estado, aunque en los últimos años la situación ha empeorado proporcionalmente más que en el resto de comunidades.

La renta garantizada es una de las herramientas para hacer frente a la pobreza y exclusión social. Su gestión está asignada al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. La normativa sobre dicha materia, basada en una ley foral de 2016, introdujo en el sistema de protección social de Navarra un modelo que busca garantizar dos derechos a quienes no tienen cubiertas sus necesidades básicas: el cobro de una renta y el apoyo y acompañamiento para su inclusión en la sociedad, especialmente a través del empleo.

Para cobrar la renta garantizada, en principio, se exige residir en Navarra dos años antes de presentar la solicitud. A las personas que puedan trabajar también se les obliga a aceptar las ofertas de empleo y participar en actividades de inserción socio-laboral. En 2023, del total de perceptores de la renta estaba disponible para el empleo el 44 por ciento. El resto son menores de 18 años, mayores de 65, personas en situación administrativa irregular o no capacitadas para el trabajo.

La cuantía de la renta garantizada se fija en función del número de miembros de las familias necesitadas. En 2023 iba desde 716 euros para un único miembro, hasta 1.433 euros para seis o más miembros de la unidad familiar.

La renta garantizada no es la única herramienta para luchar contra la pobreza. Existe también el ingreso mínimo vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza un ingreso a quienes no tienen recursos. Su finalidad, por tanto, coincide con la de la renta garantizada, si bien los requisitos para recibir la ayuda son diferentes. Se trata de ayudas compatibles siempre que no se supere la cuantía máxima de la renta garantizada.

Aunque el ingreso mínimo vital es una ayuda del Estado, desde 2022 lo gestiona el Gobierno de Navarra, en concreto el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.

Desde que Navarra asumió su gestión, el ingreso mínimo vital ha tenido algo más de 18.000 beneficiarios. En 2023 hubo 15.888 beneficiarios, con un coste de 50 millones. El 28 por ciento de las personas beneficiarias de la renta garantizada también percibe el ingreso mínimo vital.

En 2023, algo más de 35.000 personas recibieron la renta garantizada, lo que supuso un gasto de 103 millones para el Gobierno de Navarra. El 56 por ciento de las personas que reciben dicha renta tiene nacionalidad española y el 38 por ciento es menor de edad.

El informe ha analizado el cumplimiento de las ocho obligaciones para percibir la renta garantizada. La Cámara de Comptos ha detectado incumplimientos en cinco, entre ellas mantenerse disponible para el empleo y participar en actividades de inserción socio-laboral. Además, no ha podido opinar sobre el cumplimiento de las tres restantes: residencia efectiva en Navarra, aceptación de ofertas de trabajo “adecuado” y haber solicitado todas las prestaciones posibles antes de la renta garantizada. En cuanto a la residencia, el requisito no se controla de manera adecuada; respecto a las ofertas de empleo, no consta si quienes acuden (el 78 por ciento de quienes las reciben) las aceptan o no.

El informe también opina sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Servicios Sociales de Base y de la administración. Concluye que los primeros sí cumplen con lo establecido en la normativa respecto a información, orientación e inclusión social. Sin embargo, la Cámara de Comptos no puede opinar sobre si la administración ha ofertado un empleo o una formación en todos los casos a las personas perceptoras de renta garantizada por un periodo ininterrumpido igual o superior a 24 meses.

La Cámara ha revisado la evolución de algunos indicadores relacionados con la renta y el empleo. En este sentido, el 26 por ciento de las personas perceptoras de renta disponibles para el empleo lo obtuvieron; y el 13 por ciento dejaron de percibir la renta debido a que un miembro de su unidad familiar consiguió un trabajo.

En el periodo 2019-2023, la Policía Foral hizo más de 700 inspecciones sobre familias que cobraban la renta garantizada, tras recibir denuncias o tener indicios de incumplimientos. Tres de cada cuatro inspecciones confirmaron los incumplimientos, cuyo importe suma 15 millones. Hasta el momento, se ha recuperado el 67 por ciento del importe cobrado de manera irregular.

El informe no ha podido probar si el importe cobrado en concepto de renta garantizada e ingreso mínimo vital, de manera simultánea, supera la cuantía máxima establecida. La razón es que el Sistema Informático de Prestaciones Sociales solo ofrece el dato más reciente sobre el número de miembros de la unidad familiar, sin posibilitar la revisión automatizada de la información anterior.

Por otra parte, el informe ha detectado el abono indebido estimado de dos millones en 2.730 expedientes. Son familias que han percibido la API (Ayuda para la Infancia), cuyo importe computa como ingreso desde enero de 2023. El Departamento no aplicó dicho cambio hasta enero de 2024.

La Cámara de Comptos concluye subrayando la complejidad en la gestión de la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, dos prestaciones con un mismo objetivo, diferentes regulaciones y que muchas veces se solapan. La gestión se ve condicionada por otros factores, como la falta de medios para un control efectivo, la imposibilidad de conocer de manera automática los importes de ambas prestaciones en el Sistema Informático de Prestaciones Sociales o los diferentes plazos máximos de concesión.

LA CRÍTICA DEL PPN

Por su parte, el Partido Popular de Navarra ha señalado como muy graves los incumplimientos y la falta de control sobre la renta garantizada reflejados en el informe presentado hoy por la Cámara de Comptos sobre la ‘Gestión de la renta garantizada y su impacto en el empleo”.

La parlamentaria del Partido Popular de Navarra, Maribel García Malo, ha asegurado que “el informe de la Cámara de Comptos solicitado por los populares en 2023, pone de manifiesto que las políticas de gestión de la renta garantizada vinculadas al empleo son totalmente fallidas”.

Asimismo, la parlamentaria popular ha advertido de la intolerable falta de control por parte del Gobierno de Navarra del cumplimiento de las obligaciones de las unidades familiares perceptoras de renta garantizada. Así lo señala la Cámara de Comptos que asegura que “en definitiva, existen incumplimientos en cinco de dichas obligaciones de las unidades familiares perceptoras de renta garantizada sin que hayamos podido verificar el cumplimiento de las tres restantes”. Este es el caso, por ejemplo, de mantenerse disponibles para las ofertas de empleo, una obligación que, según la Cámara de Comptos, “no se cumple en todos los casos” y con un control inefectivo por parte del departamento.

García Malo ha subrayado que “los resultados de este informe no dejan otro camino que una reforma urgente de la renta garantizada para vincularla al empleo”. “Solo el 26% de los perceptores de renta disponibles para trabajar obtuvieron un empleo en el período de 2019 a 2023 que recoge el informe”.

“Estos resultados, desde luego, chocan frontalmente con la idea de progreso que tenemos en el Partido Popular. La manera más eficiente para poder ayudar a las personas más desfavorecidas es a través del empleo, que permite crear oportunidades para que los ciudadanos sean más libres, más iguales y prósperos. No es algo que digamos solo nosotros, sino que así lo confirman las distintas entidades y organismos, quienes han subrayado en reiteradas ocasiones que la inclusión social pasa por la incorporación en el mercado laboral”, ha manifestado García Malo.

En este sentido, una de las primeras iniciativas presentadas por el Partido Popular de Navarra en esta legislatura fue una moción solicitando una reforma de la renta garantizada para vincularla al empleo, y que fue rechazada por los partidos que sostienen al Gobierno.

La parlamentaria popular ha enfatizado que “desde nuestro convencimiento de la necesidad de esta reforma, solicitamos el informe a la Cámara de Comptos que ha confirmado que es necesaria una política integral que supere el enfoque basado únicamente en subsidios que está demostrando que, lejos de ser una solución y erradicar la pobreza, la está aumentando y cronificando”.

“No es una casualidad que Navarra sea la comunidad que peor ha gestionado la pobreza. No podemos pasar por alto que actualmente un 17% de la población navarra se encuentre en riesgo de pobreza y casi el 8% en pobreza severa. Navarra es la comunidad donde más ha crecido la pobreza, en el último año un 18,6% y, coincidiendo con la entrada de los supuestos partidos progresistas en el Gobierno, también en la última década ha crecido un 23,7%”, ha advertido García Malo.

“Por todos estos motivos, hemos solicitado la comparecencia del presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, para que explique con detalle el contenido del informe y de la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, para que evalúe los resultados y nos explique qué va a hacer el Gobierno para corregir esta situación”, ha concluido García Malo.

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