Una denuncia del PP obliga al Ayuntamiento de Berrioplano a iniciar la legalización de los dos centros de menas tras años operando de manera irregular
El Gobierno de Navarra de María Chivite mantiene dos recursos residenciales para menas en dos grandes chalets de Artica que llevan años funcionando sin disponer de licencia municipal de actividad clasificada. Los inmuebles están gestionados por la Fundación Ilundáin Haritz Berri, una entidad que presta este servicio mediante financiación pública de la Administración foral.
Los dos chalets son contiguos y están situados en la parte alta del casco antiguo de Artica, concejo perteneciente al Ayuntamiento de Berrioplano, en la comarca de Pamplona. El Gobierno de Navarra ya reconoció en 2025 en una respuesta parlamentaria que se trata de dos recursos de acogimiento residencial básico gestionados por Fundación Ilundáin, uno autorizado en 2016 y otro en 2018. Cada uno dispone de nueve plazas. En agosto de aquel año estaban ocupados por siete adolescentes cada uno.
Sin embargo, una queja vecinal y una pregunta en el pleno del PP de Berrioplano ha permitido descubrir ahora una circunstancia que hasta el momento había pasado inadvertida: los dos chalets no cuentan con licencia de actividad clasificada del Ayuntamiento de Berrioplano.
La situación ha quedado al descubierto en el propio pleno municipal celebrado el pasado 4 de agosto, cuando la secretaria del Ayuntamiento explicó públicamente las actuaciones realizadas después de estudiar el expediente. La conclusión de los técnicos municipales ha sido que lo que se desarrolla en estas viviendas no puede considerarse únicamente un uso residencial ordinario.
“Este expediente viene de una queja vecinal”, explicó la secretaria. Inicialmente, la actividad podía parecer residencial y “sin mayor impacto para la vecindad”, pero el análisis jurídico llevó al Ayuntamiento a una conclusión diferente.
La secretaria ha explicado que, tras consultar con los servicios urbanísticos y estudiar jurisprudencia existente sobre viviendas destinadas a actividades similares, concluyó que “no es una actividad residencial porque hay una organización, un control”. De esta forma, se deduce que los dos centros de menas han estado operando estos años sin una licencia que es preceptiva.
Su argumento resulta especialmente relevante. Si los chalets fueran considerados únicamente viviendas, el Ayuntamiento prácticamente carecería de capacidad para fiscalizar lo que sucede en su interior desde el punto de vista de la actividad. Una licencia clasificada, por el contrario, establece una autorización municipal y permite mantener un control permanente sobre cuestiones que pueden afectar a la seguridad, la salud o el entorno.
“Está claro que no es sólo una actividad residencial”, defendió la secretaria municipal durante el pleno. Su informe, según explicó, ha sido elaborado con la conformidad de los técnicos del Ayuntamiento.
La consecuencia ha sido la apertura de un expediente para legalizar la actividad. El Ayuntamiento ha requerido a Fundación Ilundáin para que presente un proyecto y toda la documentación necesaria para obtener la correspondiente licencia de actividad clasificada.
La Fundación, sin embargo, mantiene un criterio diferente. Según explicó la propia secretaria, Ilundáin ha alegado que desarrolla una actividad residencial y no una actividad comercial o de servicios, por lo que hasta ahora no consideraba necesaria esa autorización municipal.
El Ayuntamiento no comparte esa interpretación. “Una vez hecho este estudio, es claro que necesitan licencia”, señaló la secretaria, quien advirtió además de que, si la entidad no presenta el proyecto requerido, el Consistorio deberá ejercer las potestades que le concede la legislación de intervención ambiental para conseguir la legalización de la actividad.
El descubrimiento cobra todavía mayor relevancia por los problemas de seguridad registrados alrededor de estos recursos durante los últimos años. Especialmente conflictivo ha sido el verano de 2025. Una respuesta oficial del Gobierno de Navarra en el Parlamento contabilizó 12 actuaciones de las patrullas operativas únicamente durante el mes de agosto, entre ellas varios incendios, desalojos, daños, conflictos y servicios de vigilancia.
El 23 de agosto de 2025, por ejemplo, diez menores y tres educadoras tuvieron que ser evacuados después de que un incendio afectara a la zona arbolada situada entre ambos chalets. Era el tercer fuego registrado en apenas una semana y la Policía Foral abrió una investigación para determinar si había sido provocado.
Estos episodios provocaron una fuerte preocupación entre los vecinos y llevaron, según ha denunciado el PP de Berrioplano, a adoptar medidas extraordinarias de seguridad y vigilancia. Para los populares, precisamente esos antecedentes hacen todavía más difícil de comprender que los centros hayan podido funcionar durante años sin una licencia municipal que permita controlar específicamente la actividad desarrollada en ellos.
“Tras los graves episodios de inseguridad vividos por los vecinos de Artica, lo mínimo que esperábamos era que el desarrollo de esta actividad contara con todas las garantías legales y administrativas”, sostienen desde el PP municipal.
Los populares ponen directamente el foco en el Gobierno de Navarra, del que dependen los menores y que financia la prestación de estos servicios a través de entidades sociales. Consideran que el Ejecutivo foral debería haberse cerciorado de que los inmuebles elegidos para desarrollar estos programas disponían previamente de todos los permisos municipales necesarios.
“Es inaceptable y alarmante que el Ejecutivo autonómico financie y sostenga a fundaciones para ejercer estas funciones sin cerciorarse previamente de que las instalaciones donde se ubican cumplen con la legalidad vigente y las ordenanzas locales”, reprochan desde el PP.
La polémica alcanza también al Ayuntamiento de Berrioplano, cuyo alcalde es actualmente Félix Remírez, de EH Bildu. El PP asegura que durante los últimos años ha preguntado en distintas ocasiones por la situación de los recursos de Artica y que desde el Consistorio se había trasladado que la documentación estaba en regla. El análisis realizado ahora por la propia secretaría municipal ha determinado, sin embargo, que falta precisamente una autorización que considera necesaria para el desarrollo de la actividad.
Los populares cuestionan así el modelo de externalización de la atención residencial de menores con dinero público. No discuten únicamente quién presta el servicio, sino los controles que ejerce la Administración sobre las entidades contratadas y, especialmente, sobre las viviendas y centros en los que permanecen los menores cuya protección corresponde al Gobierno foral.
La cuestión adquiere además una dimensión mayor ante la actual crisis migratoria de Ceuta y la posibilidad de que Navarra tenga que incrementar sus recursos de acogida. La propia María Chivite ha asegurado esta semana que Navarra atenderá a algunos de los menas que han invadido Ceuta.
El PP navarro ha respondido precisamente que la Comunidad foral tiene ya sus recursos sometidos a una fuerte presión y ha reclamado transparencia sobre su capacidad real. El caso descubierto en Artica introduce ahora una pregunta adicional: si Navarra va a asumir la tutela de más menores y va a recurrir a fundaciones y entidades privadas para alojarlos, qué controles realiza previamente el Gobierno para garantizar que cada piso, chalet o recurso dispone de todas las autorizaciones exigibles.
