Un exconsejero socialista de Vivienda del Gobierno de Navarra ha cuestionado que se siguiera adelante con la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Velate pese a existir, según ha señalado, una “discrepancia evidente entre la parte técnica y la parte jurídica”. A su juicio, en ese momento “lo conveniente hubiese sido parar y mirar”.
El exconsejero, Anai Astiz, ha precisado en su reflexión que no pone en duda la legalidad del procedimiento ni la limpieza del mismo. “Para nada cuestiono la legalidad”, ha remarcado, al tiempo que ha defendido su “absoluta confianza” en la honestidad de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y en la profesionalidad de la Unidad Central Operativa (UCO), que ha elaborado informes en el marco de la investigación judicial.
Astiz ha lamentado que una infraestructura que considera necesaria y de gran interés, especialmente por razones de seguridad y mejora de las comunicaciones, se haya convertido en un asunto de fuerte confrontación política. En su opinión, este clima está “opacando” la labor tanto del Parlamento como del Ejecutivo foral.
En su análisis, el exconsejero ha señalado que, una vez que el Gobierno ha exigido transparencia, la oposición ha trasladado el caso a la Fiscalía, los medios de comunicación han informado y la investigación judicial está en marcha, debería permitirse que el proceso avance sin un contexto de “acritud y enfrentamientos baldíos”. Según ha advertido, ese escenario puede generar desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Más allá de esta valoración general, Astiz ha situado el foco en el momento de la adjudicación, cuando afloraron diferencias entre los informes técnicos y jurídicos. A su entender, aunque el procedimiento pudiera ser legal, una decisión de prudencia habría sido detener el proceso para analizar con más profundidad esas discrepancias antes de continuar.
El exconsejero ha aprovechado además para plantear la necesidad de mejorar los procesos de licitación en el futuro. En concreto, ha propuesto reforzar los mecanismos de control y tutela para evitar no solo actuaciones arbitrarias, sino también “la simple apariencia” de las mismas, con el objetivo de preservar la confianza tanto de la ciudadanía como de los propios funcionarios implicados en estos procedimientos.
Por último, Astiz ha hecho un llamamiento a la templanza en el debate político y a recuperar un clima de sensatez institucional. En su opinión, la erosión de la confianza pública puede alimentar la antipolítica y dañar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
