A primera hora de la mañana, cuando Milagro despertaba, dos vehículos han llegado y aparcado en la puerta del chalet adosado de Santos Cerdán. No han tardado mucho en llamar la atención, aunque en realidad casi nadie estaba allí para verlos llegar. La mayoría de los vecinos estaba trabajando ya. La calle, vacía y con poco tráfico, ha quedado convertida durante unas horas en el escenario discreto de una de las diligencias más relevantes de la investigación que cerca al entorno del socialista navarro.
De esos dos vehículos han bajado los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Han accedido al domicilio del exsecretario de Organización del PSOE por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una pieza separada del denominado caso Leire. Pasadas cinco horas desde su llegada, los coches seguían aparcados en la puerta y los agentes continuaban en el interior de la vivienda.
El silencio de la calle contrastaba con la dimensión política y judicial de la escena. Dentro de la casa, la UCO buscaba documentación y posibles evidencias relacionadas con la investigación sobre la presunta corrupción socialista vinculada al entorno de Santos Cerdán. Fuera, en cambio, apenas había movimiento. Ni corrillos de vecinos, ni curiosos, ni comentarios en voz alta. Solo una calle residencial del sur de Navarra alterada por la presencia de la Guardia Civil y por la llegada progresiva de periodistas.
La puerta de la vivienda se ha llenado enseguida de medios de comunicación locales y nacionales. Cámaras, micrófonos y redactores han ocupado la acera de enfrente, pendientes de cualquier gesto, de cualquier salida o de cualquier movimiento detrás de la puerta. La espera se ha hecho larga bajo un calor intenso. El termómetro superaba los 30 grados y los periodistas han terminado refugiados en la sombra, mirando de forma intermitente hacia la casa de Santos Cerdán.
La imagen tenía algo de escena suspendida. En un lado, la vivienda adosada en la que reside el exdirigente socialista navarro. En la puerta, los dos coches de los agentes. Enfrente, los equipos de televisión y los redactores aguardando bajo el sol. Alrededor, el vacío de una mañana de trabajo en la que el barrio no ha roto su rutina para acercarse a mirar.
Solo un vecino ha cruzado en un momento determinado junto a la vivienda de Santos Cerdán. Ha entrado en su domicilio, situado al lado de la casa registrada, pero ha declinado hacer cualquier tipo de declaración. Su silencio ha encajado con el tono general de la mañana: una calle casi muda, observada por cámaras, mientras dentro de la vivienda seguía el trabajo de los agentes.
El registro en Milagro se ha producido dentro de una actuación más amplia ordenada por el juez Santiago Pedraz. La operación también ha llegado este miércoles a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, donde agentes de la UCO han accedido a primera hora para requerir documentación relacionada con la causa. Las diligencias también han alcanzado el domicilio del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías y afectan al empresario Javier Pérez Dolset, entre otros.
La investigación se centra en la exmilitante socialista Leire Díez, señalada como presunta fontanera vinculada al PSOE, y en el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. El juez mantiene bajo secreto de sumario una causa que analiza presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
Santos Cerdán tiene fijada su residencia en esta localidad navarra, donde su familia se instaló tras dejar el piso de Madrid a mediados de julio de 2025. El exnúmero tres del PSOE también se trasladó a esta vivienda del sur de la Comunidad foral después de salir de la cárcel en noviembre del año pasado, donde permaneció casi cinco meses por su presunta vinculación con el caso Koldo.
La UCO sospecha que Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y vinculado a Santos Cerdán, habrían cobrado 700.000 euros en comisiones. Según la investigación, esa operativa habría implicado a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en cinco operaciones bajo sospecha.
Los tres habrían formado parte de un grupo denominado Hirurok, creado supuestamente para orientar expedientes de la Administración pública “en beneficio propio o de terceros”. La investigación sostiene que entre 2021 y 2023 actuaron de manera coordinada para obtener beneficios económicos mediante el cobro de comisiones, con contratación y facturación presuntamente falsas.
Mientras esos datos dibujan el fondo judicial del caso, en Milagro la mañana ha transcurrido con una extraña normalidad. La calle no se ha llenado de vecinos. Nadie se ha detenido durante demasiado tiempo. Los coches seguían pasando de forma muy esporádica. Y los periodistas, cada vez más pendientes de la sombra que del asfalto caliente, han continuado mirando hacia una puerta cerrada.
Dentro, los agentes de la UCO seguían trabajando. Fuera, la casa de Santos Cerdán se había convertido en el punto exacto en el que una investigación nacional aterrizaba de nuevo en Navarra, en una calle silenciosa, sin curiosos y bajo un calor de más de 30 grados.
