Dos personas han sido investigadas por la Guardia Civil de Navarra por haber causado un perjuicio económico de más de 111.000 euros a una mujer de 98 años que residía en una institución asistencial y que acabó en una situación económica muy precaria. Las investigaciones apuntan a que se aprovecharon de un poder notarial para administrar su patrimonio y acabaron vaciando sus cuentas, vendiendo su vivienda muy por debajo del valor de mercado y transfiriendo dinero en beneficio propio.
La actuación se ha desarrollado a través del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), tras una alerta presentada por una trabajadora social, que puso en conocimiento del juzgado la grave situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. A raíz de esta denuncia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela abrió diligencias y encargó a la Guardia Civil la investigación de los hechos.
Los agentes, con la colaboración de la Hacienda Foral de Navarra, analizaron en detalle la situación patrimonial de la anciana y detectaron un desvío de fondos de más de 111.000 euros, realizado a través de extracciones en efectivo, transferencias bancarias y la venta de un inmueble que era propiedad de la víctima. La vivienda fue vendida por un valor muy inferior al real.
Las conclusiones de la investigación revelan que los investigados, un hombre de 55 años y una mujer de 53, ambos de nacionalidad española y residentes en un municipio de la Comunidad Foral, incumplieron gravemente sus obligaciones fiduciarias y actuaron en contra de los intereses de la persona a la que supuestamente representaban. Usaron las facultades de administración conferidas por un poder notarial para beneficiarse directamente del patrimonio de la anciana.
Según la Guardia Civil, “contaban con la capacidad legal para administrar sus bienes, pero actuaron sin la diligencia ni la lealtad exigibles, provocando un daño económico grave”.
Tras la investigación, ambos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Tudela como presuntos autores de los delitos de Administración Desleal y Apropiación Indebida.
Actualmente, la gestión del patrimonio de la víctima ha sido asumida por una fundación pública navarra de apoyo a personas con discapacidad, que vela por la protección de sus intereses y su bienestar económico.
