La Fiscalía de Navarra solicita penas que suman 40 años y 7 meses de prisión para un hombre acusado de violar en varias ocasiones a su pareja, incluso mientras dormía, someterla a años de maltrato físico y psicológico y amenazarla de muerte. El Ministerio Fiscal atribuye al procesado distintos delitos de agresión sexual, maltrato habitual, agresiones físicas y amenazas. Además, reclama que indemnice a la víctima con 50.000 euros por los daños morales sufridos. El juicio comienza este miércoles 14 de octubre en Pamplona, ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.
El acusado es de nacionalidad argentina y tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia. Según la Fiscalía, mantuvo una relación sentimental con la víctima desde 2017 hasta poco después del nacimiento de la hija de ambos, en diciembre de 2020. La pareja no convivía de forma habitual, aunque compartió vivienda durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. La acusación sostiene que los comportamientos violentos comenzaron apenas tres o cuatro meses después de iniciarse la relación y continuaron incluso después de su ruptura.
El escrito describe una situación de control, aislamiento y humillaciones constantes. Según el Ministerio Fiscal, el hombre dificultaba que su pareja se relacionara con sus amigas, le reprochaba que saliera sola y controlaba su forma de vestir, hasta el punto de prohibirle utilizar vestidos cortos o minifaldas. También le dirigía insultos como "zorra" y "puta" y la acusaba de querer regresar con una pareja anterior o mantener relaciones con otros hombres.
Uno de los primeros episodios concretos que recoge la acusación se produjo el 18 de agosto de 2018 en Arre, cuando la mujer regresaba de salir con unos amigos. Según el relato fiscal, el procesado la esperó cerca de su domicilio, comenzó a insultarla, la siguió hasta la vivienda y allí le arrojó varios objetos que llegaron a alcanzarla, aunque no le causaron lesiones.
El escrito sitúa una de las presuntas agresiones sexuales con penetración en octubre de 2019. La mujer se encontraba con el acusado en su domicilio cuando, tras una discusión, el hombre supuestamente se abalanzó sobre ella en el sofá, le arrancó la ropa y la penetró vaginalmente mediante el uso de la fuerza, pese a su oposición.
La acusación sostiene que las agresiones sexuales se repitieron durante el confinamiento por la Covid-19, entre marzo y junio de 2020, cuando ambos convivieron temporalmente en la vivienda de la mujer. En varias ocasiones, según la Fiscalía, el procesado aprovechó que ella estaba dormida para frotarse contra su cuerpo y penetrarla. La víctima se despertaba e intentaba impedirlo, pero el acusado habría utilizado la fuerza para continuar.
Durante ese mismo periodo, el Ministerio Fiscal recoge otros episodios de violencia física y verbal. El 4 de abril de 2020, cuando la mujer paseaba al perro con un amigo cerca de su domicilio, el acusado se acercó, la agarró de ambos antebrazos, la zarandeó y comenzó a insultarla, reprochándole que lo hubiera sustituido por otro hombre.
Cuatro días después, el 8 de abril de 2020, la mujer le comunicó que estaba embarazada. Según el escrito, lejos de cesar, los comportamientos agresivos aumentaron durante el embarazo. El hombre supuestamente continuó insultándola con expresiones como "zorra", "puta", "buscona" y "loca", además de realizar comentarios ofensivos sobre su aspecto físico.
La Fiscalía también describe una agresión ocurrida el 1 de julio de 2020, cuando ambos se encontraban con unos amigos. Durante una discusión entre el procesado y un sobrino menor de edad, la mujer intervino y el acusado supuestamente la empujó y zarandeó con fuerza.
La hija de ambos nació en diciembre de 2020. Según el Ministerio Fiscal, el nacimiento no puso fin a la situación de maltrato. Aunque la relación sentimental había terminado, el hombre acudía al domicilio de su expareja para visitar a la niña y, durante esos encuentros, continuaba dirigiéndole insultos y expresiones humillantes. En algunas ocasiones, según la acusación, también la zarandeó y la agarró del cuello.
El escrito añade que, durante esas visitas, el acusado habría continuado imponiendo contactos sexuales sin consentimiento. Pese a las negativas de la mujer, supuestamente le tocaba los pechos y las nalgas o la besaba contra su voluntad. En numerosas ocasiones, según la Fiscalía, la sujetaba por detrás, rodeándola con los brazos para inmovilizarla, y comenzaba a morderle el cuello y la espalda.
La acusación sostiene que esta situación provocó una gran ansiedad tanto en la mujer como en la hija menor, además de un intenso temor ante las posibles reacciones violentas del procesado.
El Ministerio Fiscal atribuye también al acusado amenazas reiteradas de muerte y otros comportamientos intimidatorios. Uno de los episodios más graves se sitúa el 4 de febrero de 2022, cuando el hombre envió mensajes de WhatsApp a su expareja en los que advertía de que otro hombre no debía acercarse a su hija.
Según la acusación, después llamó a la madre de la víctima y le dijo que iba a matar a su hija y que tenía una pistola.
La Fiscalía señala que, durante la relación y también después de su ruptura, el procesado realizaba con frecuencia gestos que simulaban disparar una pistola o pasarse un dedo por el cuello. También le preguntaba a la mujer si tenía miedo y le dirigía expresiones como: "Tú eres mía hasta que la muerte nos separe, eres de mi propiedad, las dos, la niña y tú, sois de mi propiedad".
Según el escrito, el acusado añadía que cualquier hombre que se acercara a ellas tendría un problema con él. La Fiscalía considera que estas conductas estaban dirigidas a intimidar y atemorizar a la víctima.
Como consecuencia de los hechos denunciados, la mujer presenta, según la documentación recogida por el Ministerio Fiscal, una situación psicológica compatible con haber sufrido maltrato, con estrés postraumático y sintomatología ansioso-depresiva, además de manifestaciones físicas asociadas.
La Fiscalía relaciona estas consecuencias con la situación de violencia que atribuye al acusado y solicita una indemnización de 50.000 euros por daños morales, cantidad a la que deberán añadirse los intereses legales correspondientes.
El Ministerio Fiscal atribuye al procesado nueve delitos y solicita penas de prisión que, sumadas, alcanzan los 40 años y 7 meses, sin que esa cifra equivalga necesariamente al tiempo efectivo que cumpliría en caso de condena.
Por los delitos relacionados con el maltrato, reclama dos años y seis meses de prisión por maltrato habitual, ocho meses por cada uno de los dos delitos de maltrato no habitual del artículo 153.1 del Código Penal y un año adicional por otro delito de maltrato no habitual del artículo 153.1 y 3.
Las penas más elevadas corresponden a los delitos sexuales. La Fiscalía solicita 13 años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración, 15 años por un delito continuado de agresión sexual con penetración y cinco años por un delito continuado de agresión sexual.
Por último, en relación con las amenazas, pide nueve meses de prisión por un delito de amenazas leves y un año por un delito continuado de amenazas leves.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita distintas medidas de protección. Por los delitos de maltrato y amenazas reclama prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima durante periodos de entre tres y cinco años, según el delito. La distancia solicitada es generalmente de 200 metros, aunque para el delito continuado de amenazas leves se establece una distancia de 150 metros, que incluye también a la hija menor.
El Ministerio Fiscal pide asimismo la privación del derecho a tener y portar armas durante cinco años por el maltrato habitual y durante tres años por cada uno de los restantes delitos de maltrato y amenazas. En uno de los delitos solicita también la pérdida de vigencia del permiso o licencia correspondiente.
Por las agresiones sexuales, la acusación reclama medidas de libertad vigilada de siete, diez y cinco años, respectivamente, además de prohibiciones para ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores durante 18, 20 y 12 años, según el delito.
La acusación incorpora una petición de expulsión del territorio español durante diez años por la nacionalidad extranjera del procesado, siempre que resulte condenado y se cumplan los requisitos legales.
Para las penas superiores a cinco años, el Ministerio Fiscal solicita que pueda acordarse la expulsión tras el cumplimiento de la mitad de la pena. Para las inferiores a cinco años, plantea su sustitución por la expulsión durante diez años.
También pide que, conforme a lo previsto en el Código Penal, se acuerde la sustitución por la expulsión cuando el condenado haya cumplido la parte de pena determinada judicialmente, acceda al tercer grado penitenciario o se le conceda la libertad condicional.
Por último, la Fiscalía solicita que, si se dicta una sentencia condenatoria, se estudie el mantenimiento de las medidas cautelares durante la tramitación de los posibles recursos, hasta que la resolución sea firme.
