La Fiscalía de Navarra solicita penas que suman 20 años de prisión para cuatro hombres acusados de formar parte de una red de tráfico de drogas que operaba en varias localidades de la Zona Media. El caso será juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra, en Pamplona, donde los procesados serán juzgados por delitos contra la salud pública.
La investigación sitúa la actividad de esta red entre febrero y junio de 2024. Según el escrito del Ministerio Público, cada acusado tenía su propia cartera de clientes, pero todos estaban relacionados entre sí para conseguir las sustancias a través de proveedores comunes o contactos compartidos.
Los registros practicados en Murillo el Fruto, Pitillas, Olite y Santacara han permitido intervenir droga, dinero en efectivo, básculas, anotaciones, útiles de dosificación y otros efectos vinculados a la distribución de sustancias estupefacientes.
El principal investigado utilizaba dos inmuebles en Murillo el Fruto para guardar y vender droga a terceras personas. En uno de esos domicilios, los agentes encontraron una bolsa camuflada dentro del congelador del frigorífico. En su interior había más de 1,8 kilos de anfetamina, conocida como speed, con una riqueza base del 42,4%.
Además, en otras actuaciones relacionadas con este mismo acusado, incluido el registro de su vehículo particular, se incautaron distintas cantidades de ketamina, cannabis y cocaína. El valor total de la droga intervenida a este procesado habría alcanzado los 22.325 euros en el mercado ilícito.
La Fiscalía considera que la elevada cantidad de droga intervenida encaja en la modalidad agravada de cantidad de notoria importancia. Por ello, solicita para este acusado la pena más alta del procedimiento: siete años y seis meses de prisión y una multa de 35.000 euros.
Entre los otros procesados figura un ciudadano nacido en el Reino Unido que cuenta con antecedentes penales vigentes por otro delito similar de tráfico de drogas cometido en 2022. Esa circunstancia ha llevado al Ministerio Público a aplicar la agravante de reincidencia.
Este acusado actuaba desde su vivienda de Santacara, donde se localizaron anotaciones manuscritas con identidades de deudores, básculas de precisión y recortes de plástico preparados para elaborar dosis individuales. Para él, la Fiscalía solicita cinco años y seis meses de cárcel y una multa de 1.000 euros.
El tercer encausado, residente en Pitillas, trabajaba en coordinación con el principal investigado. Meses antes de las detenciones principales, ambos fueron interceptados por la Policía Municipal de Zizur Mayor con 24.950 euros en efectivo ocultos en fajos de billetes y bolsas envasadas al vacío.
Según el escrito fiscal, ese dinero estaba destinado a comprar nuevas partidas de droga o a pagar deudas con proveedores mayoristas. Para este tercer acusado se reclama una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 1.000 euros.
El cuarto procesado desarrollaba su actividad en Olite, donde empleaba dos viviendas para la distribución de sustancias. Durante los registros, la policía encontró más de 20 gramos de cocaína de alta pureza camuflada en botes de medicamentos, además de herramientas de dosificación, una caja fuerte y varios miles de euros fraccionados.
Parte del dinero estaba oculto en lugares poco habituales, como el interior de un bidón azul. En el momento de su arresto, este acusado también guardaba divisas extranjeras, en concreto dólares estadounidenses y pesos colombianos.
El fiscal recoge en su escrito que este último investigado padece un trastorno por consumo de sustancias, con dependencia severa a la cocaína. Esa situación afectaba de forma leve a sus facultades intelectivas y volitivas en el momento de los hechos.
La acusación sostiene que una parte de la droga estaba destinada a su propio consumo y otra a la venta. Por ello, lo considera coautor de un delito genérico de tráfico de drogas y solicita para él tres años y seis meses de prisión y una multa de 5.000 euros.
En total, la Fiscalía de Navarra reclama 20 años de cárcel para los cuatro acusados. Además, pide la apertura de una pieza separada para tramitar las consecuencias económicas derivadas de la actividad delictiva.
El Ministerio Público también solicita el comiso definitivo de todo el dinero en efectivo incautado durante la investigación, una cantidad que supera ampliamente los 35.000 euros al sumar las aprehensiones individuales y los fondos interceptados de forma conjunta.
El escrito de acusación pide igualmente que, cuando la sentencia sea firme, se destruyan todas las sustancias estupefacientes intervenidas, así como los instrumentos de pesaje, cajas fuertes y libretas de anotaciones utilizados presuntamente por la red.
