El golpe judicial judicial al Gobierno de Chivite por no evitar unas protestas: deberá pagar 18 millones

El Palacio de Arozteguia ha vuelto este miércoles al primer plano de la actualidad después de que el TSJN haya condenado al Gobierno de Navarra a pagar alrededor de 18 millones de euros por no evitar daños durante las protestas contra el proyecto del Palacio de Arozteguia.

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado tres sentencias en las que aprecia responsabilidad patrimonial del Ejecutivo foral. El Gobierno de Navarra ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.

El portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que las sentencias estiman parcialmente las reclamaciones presentadas por Hotel Palacio de Arozteguia S.L., la Junta de Compensación y Palacio de Arozteguia S.L.

Estas reclamaciones sumaban en conjunto más de 26 millones de euros. Según ha indicado Remírez, el TSJN ha reconocido un derecho al cobro por indemnización del 75%, lo que supone alrededor de 18 millones de euros.

Las sentencias han apreciado una inactividad de la Policía Foral al “no evitar” los daños en los altercados producidos por la oposición al proyecto de Arozteguia. Según los reclamantes, esos daños han impedido el desarrollo del proyecto.

No obstante, el tribunal también ha reconocido una participación en la culpa por parte de los reclamantes. En concreto, ha considerado que no adoptaron medidas para evitar los sabotajes, por lo que la indemnización se ha reducido en un 25%.

Remírez ha recordado que las reclamaciones iniciales se plantearon tanto ante el Gobierno de Navarra como ante la Administración General del Estado. Los reclamantes entendían que había existido inactividad tanto de la Policía Foral como de la Guardia Civil.

Ambas administraciones desestimaron esas reclamaciones, tras los dictámenes del Consejo de Navarra y del Consejo de Estado. Según ha señalado el portavoz, consideraron que “jurídicamente no se daban los supuestos” para reconocer la responsabilidad patrimonial.

El portavoz foral también ha apuntado que la Audiencia Nacional desestimó “íntegramente” las reclamaciones dirigidas contra el Estado. Lo hizo al considerar que la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado había sido conforme a los estándares normales y exigibles de actuación.

Además, Remírez ha recordado que la Audiencia Nacional señaló que la empresa responsable del proyecto no adoptó medidas de protección de las obras, pese a la insistencia y las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En esa misma resolución, según ha indicado el Gobierno foral, la Audiencia Nacional determinó que las obras eran ilegales. Lo hizo al haberse declarado nula de pleno derecho la adjudicación, tanto en vía administrativa como en vía judicial.

Sin embargo, el TSJN ha seguido ahora otro criterio en relación con el papel de la Policía Foral. Según Remírez, el tribunal navarro ha considerado que hubo una inactividad que, al no parar los sabotajes, pudo influir en la paralización del proyecto de Arozteguia.

Esa paralización habría generado, según las sentencias, un daño por las obras ejecutadas y un lucro cesante. Este punto ha sido uno de los aspectos que el Gobierno de Navarra ha cuestionado con mayor claridad.

Remírez ha afirmado que “llama la atención” que el TSJN vaya contra la tesis defendida por el Gobierno central, el Gobierno foral, el Consejo de Estado, el Consejo de Navarra y la Audiencia Nacional. Todos ellos, ha dicho, defendían que las actuaciones de las fuerzas policiales fueron correctas y que las obras eran ilegales.

El portavoz ha resaltado también que las sentencias no han sido unánimes. En ellas aparece un voto discrepante de una magistrada, que sostiene que las reclamaciones debían haber sido desestimadas.

Ese voto particular recoge que las obras fueron ejecutadas por la promotora del proyecto “conociendo que eran ilegales”. Según la magistrada discrepante, la adjudicación había sido declarada nula de pleno derecho por haberse vulnerado los principios de transparencia e igualdad de trato.

La magistrada también ha señalado que la jurisprudencia exige, para apreciar un daño efectivo que genere responsabilidad patrimonial, que ese daño sea real y no meramente hipotético. En su criterio, no se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto de Arozteguia.

Por ese motivo, el voto particular concluye que no se puede apreciar ningún tipo de responsabilidad patrimonial. Esta posición ha sido asumida por el Gobierno de Navarra, que ha asegurado compartir “totalmente” el criterio de la magistrada discrepante.

“Respetamos, pero no compartimos, el fallo no unánime”, ha indicado Javier Remírez. El portavoz ha insistido en que el Ejecutivo foral no está de acuerdo con la condena fijada por el TSJN.

Remírez también ha llamado la atención sobre el hecho de que el tribunal navarro no haga mención “para nada” a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional. Según ha recordado, esa resolución señaló que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue acorde a lo previsto en las normas.

El Gobierno de Navarra ha defendido además que “la realidad a día de hoy” es que el proyecto puede retomarse cuando se quiera. Según ha afirmado el portavoz, las licencias siguen vigentes.

Por todo ello, el Ejecutivo foral ha anunciado que va a recurrir las tres sentencias del TSJN ante el Tribunal Supremo. El caso de Arozteguia queda así pendiente de una nueva revisión judicial tras la condena de alrededor de 18 millones de euros.