Carta enviada por Juan Pablo Ibáñez García, abogado y ciudadano de Pamplona.
- miércoles, 25 de febrero de 2026
- Actualizado 16:31
Soy abogado, vecino de Pamplona y persona con discapacidad y graves problemas de movilidad. Quiero denunciar a través de su diario lo que considero un nuevo capítulo de exclusión institucional en nuestra ciudad: la tramitación del nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas para el verano de 2026.
Lo que está en juego no es solo un medio de transporte. Lo que el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) están demostrando con su proceder es un absoluto desprecio por los derechos de las personas con discapacidad y, lo que es más grave, una vulneración consciente de trámites legalmente preceptivos.
La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013) y la propia Convención de la ONU establecen el derecho a la participación y el deber de las administraciones de garantizar el "Diálogo Civil". Esto significa que, antes de aprobar normas o pliegos que afecten a nuestros derechos, las entidades representativas deben ser consultadas.
Y este deber de participación adquiere hoy un refuerzo constitucional de primer orden. La reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española, llevada a cabo en 2024, no es una declaración retórica. El nuevo tenor del precepto impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política, económica, cultural y social. No se trata de una habilitación, sino de un mandato imperativo. En conexión con el artículo 9.2 CE, que ordena a los poderes públicos remover los obstáculos para hacer real y efectiva la igualdad, nos encontramos ante un bloque constitucional que obligaba al Ayuntamiento y a la MCP a abrir ese diálogo. No hacerlo no es solo una irregularidad administrativa; es una vulneración de la Constitución.
En este procedimiento, tanto el Ayuntamiento como la MCP han prescindido total y absolutamente de este trámite. No ha habido audiencia, no ha habido consulta, no ha habido mesas de participación. Se ha actuado como si el colectivo de la discapacidad no existiera, como si fuéramos ciudadanos de segunda. Y esta omisión no es baladí: vicia de nulidad el procedimiento de contratación.
Y aquí quiero hacer una reflexión que me duele especialmente como persona con discapacidad. Ante esta exclusión manifiesta, el tejido asociativo de la discapacidad en Navarra permanece en silencio. No se les oye, no se les ve, no denuncian.
Cabe preguntarse por qué. Por un lado, es posible que exista un cierto desconocimiento del alcance jurídico de sus propios derechos y del deber de participar en estos procedimientos. Quizás no son plenamente conscientes de que el Diálogo Civil no es una opción, sino una obligación legal que les asiste y que pueden exigir.
Pero, por otro lado, no podemos ignorar la realidad de la financiación pública. La inmensa mayoría de estas entidades dependen, para su supervivencia, de subvenciones públicas otorgadas por las mismas administraciones a las que deberían fiscalizar. Denunciar al Ayuntamiento o a la MCP puede percibirse, equivocadamente o no, como poner en riesgo los ingresos que garantizan sus programas y sus nóminas.
Sea por falta de competencia técnica para medir el calado de lo que está en juego, sea por una prudencia autoprotectora mal entendida, el resultado es el mismo: silencio. Y ese silencio, aunque comprensible en algunos casos, permite que la exclusión siga su curso sin oposición organizada.
Pero no es solo el silencio del sector. Es también el silencio de quienes deberían protegernos. Cuando un ciudadano acude a la Fiscalía de Navarra denunciando los más de 300 pasos de peatones inaccesibles que el Ayuntamiento de Pamplona mantiene desde 2019, incumpliendo el Real Decreto 505/2007, la respuesta es el archivo sin trámite. Cuando el Ayuntamiento alega falta de consignación presupuestaria y alto coste para no adecuar los pasos, y la Fiscalía lo tolera, se está dando carta de naturaleza a la vulneración de derechos. El mensaje es demoledor: los derechos de las personas con discapacidad valen lo que el presupuesto de turno quiera asignarles. Si no hay partida, no hay derecho. Y si la Fiscalía mira hacia otro lado, la Administración aprende que puede incumplir impunemente. Esta es la verdadera raíz de nuestra indefensión.
Para que nadie piense que esto es un caso aislado, recordemos algunos datos objetivos:
· El Ayuntamiento de Pamplona mantiene a día de hoy más de 300 pasos de peatones que incumplen la normativa de accesibilidad del Real Decreto 505/2007, cuyas disposiciones debían estar cumplidas en su totalidad desde el año 2019.
· La Mancomunidad gestiona un servicio de autobuses donde las averías en las rampas para sillas de ruedas son constantes y donde el sistema de información sonora para personas ciegas lleva años sin un mantenimiento adecuado, cuando no directamente inoperativo.
No hay voluntad política. Hay declaraciones vacías, fotografías en días señalados y cero partidas presupuestarias destinadas a hacer efectiva la accesibilidad.
Por todo ello, he presentado escritos formales solicitando la suspensión de la licitación y la retroacción de actuaciones. No pido un favor. Pido que se cumpla la ley. Pido que se nos escuche. Y pido que, si el servicio no puede ser físicamente accesible para todos, se establezcan medidas de eficacia equivalente, como un bono-taxi al mismo coste que la bicicleta o unas ayudas universales al transporte, sin discriminación por nivel de renta.
Quizás alguien pueda pensar que toda esta exigencia, esta petición de suspensión de licitaciones, de cumplimiento de la ley, de Diálogo Civil y de medidas compensatorias, no es más que el fruto de una mente utópica, de alguien que pretende alcanzar una perfección inalcanzable en un mundo de recursos limitados.
Permítanme que les diga: sí, es utopía.
Pero la utopía, como nos enseñó Galeano, sirve para caminar. La utopía es lo que nos obliga a dar un paso adelante cuando todo invita a quedarse quieto. La utopía es la convicción de que las cosas pueden ser de otra manera, de que la ley no es un papel mojado y de que los derechos no caducan por falta de partida presupuestaria.
Que me llamen utópico. Lo acepto. Pero que nadie confunda mi utopía con ingenuidad. Esta exigencia, la que hoy plasmo en esta carta y en los escritos presentados, es la puerta de entrada al cumplimiento. Porque si no exigimos lo que parece imposible, jamás conseguiremos lo que es posible y necesario. La accesibilidad universal no es una concesión graciosa de la Administración. Es un derecho. Y los derechos, aunque parezcan utópicos, se conquistan día a día, exigencia a exigencia, denuncia a denuncia.
Hoy toca exigir. Mañana, quizás, cumplir.
