Nuevo revés judicial para el Ejecutivo de María Chivite. La magistrada-juez Ikerne Aznar Malo, titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, ha dictado un auto por el que admite a trámite la querella interpuesta por Vox contra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti Pérez, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
En la resolución judicial, fechada el 11 de noviembre y notificada este viernes a las partes dentro de las Diligencias Previas 2220/2025 —correspondientes a la investigación del denominado 'caso Sendaviva'—, la instructora aprecia que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito de cohecho (previsto en los artículos 419 y 424.1 y 3 del Código Penal) y de tráfico de influencias (artículo 429 del Código Penal), por lo que acuerda incoar diligencias previas y dar traslado formal de la querella al consejero socialista.
La admisión a trámite contra uno de los hombres fuertes del Ejecutivo de Chivite y exdelegado del Gobierno en Navarra se produce después de que la representación procesal de Vox, ejercida por el procurador Jaime Ubillos Minondo, presentara el poder especial requerido y prestara la fianza fijada por el juzgado. El pasado mes de mayo, la instructora ya abrió diligencias por estas mismas adjudicaciones en la reconstrucción del parque de la naturaleza de Arguedas tras el incendio de 2022, pero dejó entonces en suspenso la actuación respecto a Arasti a la espera de que se subsanaran dichos requisitos formales.
En el procedimiento judicial figuran también personados como acusación particular Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Popular (PP), junto con el Ministerio Fiscal y los servicios jurídicos del propio Gobierno de Navarra, la Cámara de Comptos y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.
La investigación trata de esclarecer las presuntas irregularidades y el supuesto fraccionamiento de contratos por valor de cerca de 800.000 euros adjudicados para las obras de reconstrucción de Sendaviva. La resolución de la magistrada Ikerne Aznar no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación en cinco días desde su notificación.
Asimismo, dada la condición de consejero del Gobierno de Navarra de José Luis Arasti, su situación procesal queda sujeta a su condición de aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), órgano competente para asumir la instrucción en caso de que el juzgado pamplonés aprecie indicios racionales de criminalidad tras la práctica de las diligencias acordadas.
