El Gobierno de Navarra ha creado una oficina anticorrupción que no solo viene a enmendar la plana a la Cámara de Comptos, sino que pretende atribuirse funciones propias de los jueces y fiscales en un Estado de derecho.
La pomposamente denominada Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, encuadrada en el departamento dirigido por la consejera Mª José Beaumont –propuesta por EH Bildu–, aspira, entre otras funciones, a revisar las encomiendas de gestión por los anteriores gobiernos a personas o empresas ajenas a la administración para la prestación de servicios. Es decir, que desde el departamento de Interior y Justicia se crea un organismo con el fin de levantar las alfombras del ejecutivo anterior por si hubiera irregularidad alguna en la contratación pública. Tamaño despropósito y despilfarro solo puede ser entendido desde el revanchismo y el ánimo de fabricar escándalos artificiales.
Con la inestimable colaboración de Kontuz, la izquierda radical abertzale ya intentó la pasada legislatura judicializar la actividad política del gobierno regionalista. Pero una tras otra, todas las denuncias presentadas ante los jueces o fiscales fueron archivadas por la ausencia de delito. Ahora, el Ejecutivo de Barkos da un salto cualitativo al colocar a un mero licenciado en derecho –exdirector de Euskara Kultur Elkargoa y con experiencia previa como secretario municipal de Baztan– para coordinar un organismo inspirado a semejanza de una pretendida fiscalía anticorrupción. Ni las prerrogativas de la oficina, que más parece anti-UPN, ni el perfil del responsable son los más idóneos.
