La situación que está viviendo Ceuta tras la entrada masiva de migrantes no es una cuestión de ideologías, ni de quién es más solidario o menos, ni del significado que cada uno quiera dar a eso de ser «social». Es, ante todo, una cuestión de dignidad de la persona. Y precisamente por eso, la situación que se está viviendo en Ceuta y el debate sobre la acogida de migrantes exige serenidad, responsabilidad y realismo, ya que estamos ante cuestiones mucho más elementales, como la dignidad de la persona y la responsabilidad de las instituciones.
«El migrante debe ser acogido conforme a su dignidad», lo pensamos todos, ¿no? Así lo señaló el papa León XIV durante su visita a España y yo no puedo estar más de acuerdo. Pero esa afirmación plantea una cuestión fundamental: ¿qué significa realmente acoger con dignidad?
Para mí, la respuesta es clara. No podemos acoger a todo aquel que llegue o quiera llegar. No porque no queramos ser solidarios, sino porque es materialmente imposible. Lo primero que debemos hacer es definir y fijar nuestra capacidad de acogida. Cuantificar, sí, cuantificar. Saber cuántas personas podemos atender adecuadamente con los recursos de los que disponemos, porque acoger no puede significar simplemente recibir. Acoger significa poder atender, y para atender dignamente hay que conocer primero cuál es nuestra capacidad real de acogida.
Si una persona puede recibir dignamente en su casa a seis personas, no puede acoger a siete y mucho menos a ocho, nueve o diez pensando que la buena voluntad solucionará las dificultades. Llegará un momento en que ninguna de ellas recibirá la atención que merece. Con España ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que conocer cuáles son nuestras posibilidades reales y, a partir de ahí, dimensionar los medios y adoptar las decisiones oportunas. Si nuestra capacidad de acogida fuera, por ejemplo, de 70.000 personas, no tendría sentido incorporar a la cifra mil más, por eso de ser los más solidarios del mundo, sin ampliar previamente los recursos necesarios para atenderlos.
Y lo mismo sucede en las comunidades autónomas y en los municipios. Trasladar personas a comunidades autónomas cuyos centros ya se encuentran saturados no constituye, por sí mismo, una política de acogida, sino que puede convertirse, paradójicamente, en una forma de desatención. No es digno para quienes llegan, porque no podremos proporcionarles la atención que necesitan, pero tampoco es justo para los ciudadanos que sostienen mediante sus impuestos unos servicios públicos que tienen una capacidad limitada.
Los problemas de convivencia que se están produciendo en algunos pueblos y ciudades donde existen centros de acogida tampoco pueden analizarse desde el simplismo. Existe una perspectiva que no debería quedar fuera del debate, y esa es la criminología. La convivencia no depende únicamente de la buena voluntad individual. Los estudios criminológicos han demostrado la importancia que tienen determinados factores ambientales y sociales, como la concentración excesiva de población vulnerable, la falta de recursos, la ausencia de supervisión, la precariedad y la desorganización comunitaria, en la generación de conflictos y en el deterioro de la convivencia. Esto no significa identificar inmigración con delincuencia, una asociación simplista y profundamente injusta; significa reconocer que los sistemas sociales mal dimensionados generan riesgos que deben prevenirse.
Por eso resulta de vital importancia que los centros de acogida tengan una capacidad adecuada, profesionales suficientes y medios proporcionales al número de personas atendidas. Si un profesional está preparado para atender a cuatro personas, asignarle ocho no duplica mágicamente su capacidad, simplemente reduce la calidad de la atención de todos. El problema no es la voluntad del profesional, sino la dimensión de los recursos con los que cuenta, porque los recursos no son infinitos y, cuando se sobrepasa su capacidad, las consecuencias terminan afectando a todos: a quienes llegan y a quienes ya estaban.
La solidaridad también necesita organización. España no puede resolver por sí sola las causas de los movimientos migratorios, pero sí puede establecer una política seria que combine humanidad, control fronterizo, lucha contra las mafias, protección internacional, integración y cooperación con los países de origen y tránsito.
Por eso, acoger sí. Solidaridad, sí. Esfuerzo, todo el que seamos capaces de realizar. Pero sepamos hasta dónde llega nuestra capacidad para que a quienes acojamos podamos hacerlo verdaderamente con la dignidad que merecen. Porque poner límites a nuestra capacidad de acogida no significa negar la dignidad del migrante. Significa, precisamente, reconocerla.
La solidaridad y la acogida sin capacidad, sin límite, terminan convirtiéndose en abandono. Y una sociedad responsable no puede confundir una cosa con la otra.
