"La libertad es sagrada. Pero no hay libertad auténtica donde falta apoyo. Una sociedad madura no ofrece la muerte como salida rápida: ofrece cuidados, sentido y compañía".
- martes, 31 de marzo de 2026
- Actualizado 13:38
Hay parámetros habituales para medir el progreso de una sociedad: la renta, la innovación, la esperanza de vida o la calidad institucional. Sin embargo, existe un indicador más silencioso y determinante, aunque rara vez se analiza con rigor: cómo tratamos a quien sufre. La bioética lleva décadas insistiendo en que el verdadero nivel moral de una comunidad se mide en el cuidado de los más vulnerables. Y, sin embargo, hoy nuestra sociedad parece estar fallando precisamente en ese punto.
Los recientes casos de eutanasia, como los de Carlos Ardanaz o Noelia Castillo, han vuelto a situar el debate en el centro. En España se han practicado 426 eutanasias en los últimos cinco años. El dato, en sí mismo, no es solo estadístico: es un síntoma. No tanto de una sociedad más libre, sino de una sociedad que corre el riesgo de presentar la muerte como solución cuando no ha sido capaz de garantizar una vida digna.
La eutanasia se defiende a menudo bajo el paraguas de la autonomía personal. Y es cierto: la libertad individual es un pilar esencial. Pero la bioética no puede reducirse a un único principio. Autonomía sin justicia, sin beneficencia y sin protección del vulnerable puede transformarse en un abandono institucionalizado. Una elección solo es plenamente libre cuando se realiza en condiciones de apoyo real: sin dolor mal controlado, sin soledad, sin precariedad emocional ni presión económica o social. ¿Estamos seguros de que esas condiciones existen de forma generalizada?
La pregunta incómoda es inevitable: ¿por qué nos empeñamos en favorecer el final de la vida en lugar de mejorar las condiciones de vida? ¿Por qué avanzamos con rapidez en la legislación de la muerte asistida mientras los cuidados paliativos siguen siendo insuficientes, desiguales y, en ocasiones, inaccesibles?
Este fenómeno no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de un deterioro más amplio del valor social de la vida humana, especialmente cuando esta es frágil. Lo vemos en el aumento del bullying, en suicidios juveniles que ya no sorprenden, en la normalización del desprecio ideológico, en la ridiculización o persecución de la religión, en la instrumentalización de menores para objetivos políticos y en el blanqueamiento moral de quienes han perseguido o asesinado a ciudadanos por pensar diferente. También lo vemos en el abandono de enfermos de ELA, a quienes se les prometen ayudas que llegan tarde o no llegan, condenándolos a una vida de dependencia sin recursos suficientes.
En este contexto, el debate sobre el aborto también merece una reflexión serena desde la bioética. Más allá de posicionamientos ideológicos, plantea una tensión permanente entre autonomía y protección de la vida vulnerable. Cuando la respuesta estructural ante la dificultad —sea enfermedad, pobreza o maternidad imprevista— consiste en facilitar la interrupción o el final, la pregunta de fondo persiste: ¿estamos ofreciendo verdaderas alternativas de apoyo, conciliación y acompañamiento? Porque la libertad real exige opciones reales, no solo una salida rápida.
La criminología, entendida como ciencia de la prevención y del análisis de factores de riesgo, podría aportar una perspectiva valiosa. No solo estudia el delito, sino también los contextos de vulnerabilidad, exclusión y violencia estructural. Aplicada al ámbito social, permitiría detectar precozmente entornos de acoso, abandono o desesperanza, diseñando intervenciones antes de que el daño sea irreversible. Equipos interdisciplinares en colegios, protocolos de alerta temprana ante ideación suicida, evaluación del impacto social de determinadas políticas públicas o seguimiento real de ayudas comprometidas son acciones concretas que una criminología preventiva podría impulsar con eficacia.
Cuando una sociedad permite que un adolescente sea humillado hasta quebrarse, cuando tolera que un enfermo grave se sienta una carga, cuando convierte la educación en una herramienta de propaganda o cuando sustituye el acompañamiento por el trámite administrativo, no estamos ante fallos puntuales: estamos ante una crisis de valores. El parámetro que falla es la dignidad, entendida como valor intrínseco de toda vida humana, independientemente de su utilidad, salud o productividad.
En bioética se habla del “deslizamiento” cultural: primero se justifica una excepción compasiva, después se normaliza y, finalmente, se convierte en opción preferente. La compasión, mal entendida, puede transformarse en una forma elegante de rendición. No se elimina el sufrimiento; se elimina al que sufre.
¿Y qué podemos hacer? Algunas acciones son urgentes y realistas. Primero, una apuesta presupuestaria y estructural por cuidados paliativos universales, con equipos multidisciplinares, psicología clínica y atención domiciliaria. Segundo, una política activa contra la soledad no deseada, porque el sufrimiento sin compañía es una fábrica de desesperación. Tercero, proteger a los menores de la manipulación ideológica y reforzar la educación en valores humanos: respeto, verdad, responsabilidad y empatía. Cuarto, fomentar la colaboración entre padres, hijos y docentes para consolidar valores de cooperación, justicia y civismo en la vida escolar. Quinto, atender a los enfermos crónicos y a quienes padecen enfermedades degenerativas: prometer ayudas sin ejecutarlas es una forma de violencia administrativa.
La libertad es sagrada. Pero no hay libertad auténtica donde falta apoyo. Una sociedad madura no ofrece la muerte como salida rápida: ofrece cuidados, sentido y compañía. Si queremos medir nuestro progreso, no miremos solo cifras económicas. Preguntémonos si estamos construyendo una cultura del cuidado o una cultura del descarte. Y actuemos antes de que la muerte parezca, equivocadamente, la opción más digna.
