La libertad no se negocia. No es una consigna ideológica ni una posición partidista, sino una conclusión avalada por la historia. La dictadura —sea militar, teocrática, totalitaria, autoritaria o de partido único— no distingue banderas. Cambian los discursos y los símbolos, pero el resultado se repite: concentración del poder, represión de derechos y eliminación del desacuerdo. El problema no es la ideología que se invoca, sino la negación sistemática de la libertad.
El siglo XX dejó ejemplos incontestables. La Alemania nazi y la Italia fascista colapsaron tras la derrota militar en la Segunda Guerra Mundial, demostrando que los regímenes basados en el culto al líder y la anulación de libertades conducen al desastre interno y externo. España vivió una vía distinta: la dictadura franquista terminó con la muerte de Franco y dio paso a la Transición. Aunque permitió la instauración de la democracia, el precio fue elevado. Incluso las salidas pacíficas dejan heridas duraderas cuando la libertad se posterga durante décadas.
En América Latina, las dictaduras militares marcaron generaciones enteras. Argentina puso fin a la Junta tras la derrota de Malvinas y la presión social por los crímenes del terrorismo de Estado. Chile cerró la etapa de Pinochet mediante el plebiscito de 1988, iniciando una transición pactada. Brasil y Grecia confirmaron que la pérdida de legitimidad interna y externa erosiona incluso a regímenes aparentemente sólidos. Portugal constituye una excepción simbólica: el Estado Novo cayó con la Revolución de los Claveles, casi sin violencia. Todos estos casos comparten factores comunes: muerte del dictador, derrotas, crisis económicas, presión popular o aislamiento internacional. Ninguna dictadura cayó por voluntad propia.
Pese a estas lecciones, el autoritarismo sigue siendo una realidad global. La RAE define dictadura como un régimen que concentra el poder y reprime derechos y libertades. Esa definición encaja hoy en numerosos países. Afganistán, bajo los talibanes, ha eliminado derechos básicos, especialmente de las mujeres. Corea del Norte representa el totalitarismo hereditario. China combina desarrollo económico con partido único, vigilancia masiva y represión de la oposición. En Oriente Medio, Arabia Saudí, Irán (en plena revolución social estos días) o Catar muestran distintas formas de autoritarismo, ya sea monárquico o teocrático.
África acumula regímenes prolongados y a menudo invisibilizados, como Eritrea o Guinea Ecuatorial. En Europa, Bielorrusia es una dictadura abierta, mientras Rusia ha evolucionado hacia un autoritarismo personalista que persigue a la oposición y controla los medios. Turquía, formalmente democrática, presenta rasgos crecientes de concentración de poder y debilitamiento del Estado de derecho.
En América Latina, Nicaragua y Venezuela evidencian cómo proyectos que se autodenominan populares derivan en sistemas cerrados, con presos políticos y elecciones sin garantías. Cuba, con partido único y control político prolongado, sigue demostrando que la épica revolucionaria no sustituye a la pluralidad democrática. No hay dictaduras de un solo signo: el fenómeno es transversal.
Uno de los mayores riesgos actuales es la selectividad moral, cuando la ideología nubla los principios. Se condenan con firmeza las dictaduras ajenas, pero se relativizan las afines. El caso venezolano es paradigmático. Cuando Josep Borrell ha calificado su sistema como “régimen dictatorial y autoritario”, no emite un juicio ideológico, sino una constatación basada en la ausencia de libertades y la represión de quienes no opinan igual.
Negar estas realidades por afinidad política implica aceptar que la libertad es negociable. Como ironizaba Charles Bukowski, “la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”. En la dictadura, ni siquiera existe esa opción.
La pregunta planteada recientemente por Pilar Rahola, independentista catalana, militante y dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en un programa de televisión —si se hubiera deseado una intervención externa para acabar con el franquismo— revela una verdad incómoda: justificar cualquier medio por un fin ideológico es tan peligroso como la dictadura misma.
La democracia no es perfecta; puede ser lenta y conflictiva, pero sigue siendo el único sistema que permite corregir errores sin violencia estructural. Aquí reside la responsabilidad de las nuevas generaciones: jóvenes formados, críticos y conscientes de que no existen dictaduras “buenas”. Su tarea es rechazar toda forma de dictadura sin excepciones, denunciar las incongruencias y defender la apertura política, el diálogo y los derechos humanos. La esperanza no es ingenuidad, sino compromiso informado. Aprender del pasado, reconocer la magnitud de los autoritarismos presentes y trabajar por un futuro donde la libertad no sea un privilegio, sino una condición básica de la dignidad humana.
