"Solo profundizando en la independencia judicial y el control, recuperaremos la visibilidad que la catábasis nos ha robado y podremos combatir de raíz un mal que termina por integrarse en el propio sistema"
El fenómeno meteorológico de la catábasis —esa niebla densa que desciende y anula toda transparencia— guarda una inquietante similitud con la atmósfera que hoy invade a la Administración Central. Bajo un lodo de corrupción, este fenómeno alcanza a casi todos los niveles del Gobierno de la nación, creando un ecosistema donde la irregularidad se sumerge y termina por integrarse en el propio sistema.
Esta corrupción catabática ha desprestigiado y convertido a gran parte de la clase política en un cúmulo de intereses particulares, frenando cualquier esperanza de regeneración democrática y predisponiendo a la ciudadanía a un escepticismo crónico. Esto demuestra que, cuando el sistema permite que la ética se diluya, la corrupción termina por institucionalizarse.
Esta niebla, esta catábasis, no es nueva, pero los adelantos tecnológicos y la inmediatez de las noticias y rumores —con riesgo de error o manipulación— han colocado la presunta corrupción en boca de todos. Los navarros no somos ajenos a ello: en épocas pasadas se produjo parcialmente este fenómeno, que hoy parece olvidado, y que entonces tuvo un rápido final para dos expresidentes de Navarra del Partido Socialista.
En aquella época era famosa en el ámbito laboral la denominada UFA (Unión de Funcionarios Arrinconados), ya que, quizás por falta de sintonía o para no estorbar las “buenas prácticas”, fueron apartados del cargo algunos directores y responsables.
El principio de presunción de inocencia, un derecho jurídico, no debería ser una excusa para la falta de responsabilidad política y menos aún esgrimirse cuando conviene. La afirmación de que una sentencia no condenatoria implica que el hecho es legal es equívoca; en todo caso, no existirá un delito tipificado, no será ilegal, pero eso no garantiza un proceder pulcro dentro de los mínimos principios éticos.
Para combatir esta corrupción enraizada no son suficientes las medidas teóricas, ni las comisiones de integridad o similares, ni los vacuos espectáculos de las comparecencias sin ningún tipo de decisión. Tampoco los programas televisivos que emiten a todas horas conductas de cargos presuntamente corruptos ayudan precisamente a combatirla; más bien alimentan el morbo de la audiencia, haciendo que se olvide lo ocurrido ante la espera de una tardía y lejana sentencia.
Siempre he defendido que la función pública, constituida por funcionarios de carrera en sus diferentes misiones de elaboración de expedientes, control de la legalidad e intervención, es una garantía frente a los posibles dislates e irregularidades que pueda proponer el poder político.
Es precisa la limitación de cargos a dedo, establecer un máximo de dos mandatos consecutivos para los políticos y evitar el nepotismo y los cargos “afectivos” sin cualificación para el puesto.
El mal hay que combatirlo de raíz, y, como se entiende en esta tierra de raigambre agrícola, el rábano hay que extraerlo desde el bulbo, y no perderse en las hojas. Solo profundizando en la independencia judicial y el control, recuperaremos la visibilidad que la catábasis nos ha robado.
