“El Gobierno intenta transmitir que se siente fuerte porque ‘los números salen’ en el Parlamento, pero la Comunidad se está volviendo ‘más barata’, depreciada en valor y servicios, y más cara en impuestos”.
Existe una gran disonancia entre lo que continuamente proclama y presume el Gobierno foral, pues, como apunta el escritor británico Alan Moore, “los políticos mienten para ocultar la verdad”, así que se corre el riesgo de que se trate de una mentira a medias, o manipulación, entre lo que el Gobierno afirma y lo que se siente en la calle.
El Gobierno, en su discurso triunfalista, que puede basarse en indicadores quizás técnicamente ciertos, pero relativos, descontextualizados o incompletos, no coincide con lo que gran parte de la ciudadanía comenta, siente o padece.
No se corresponde el sacrificio, vía la gran presión fiscal, que la mayor parte de la ciudadanía navarra soporta, con la gravedad de que esa gran aportación se utiliza en políticas que precisamente nada favorecen al conjunto de esa gran clase media, sector primario, asalariados, pequeño comercio, autónomos —se pierde una media de 17 comercios al mes y los autónomos denuncian una subida de cuotas que asfixia a más de 12.000 profesionales—.
El gasto corriente se dispara, la burocracia aumenta, y los servicios e infraestructuras básicas ni se finalizan, ni se conserva lo que existe, ni se acelera, en su caso, su terminación; pero se presume de un presupuesto aprobado, el más alto en la historia de la Comunidad Foral, con una Navarra que ya no tiene la ventaja competitiva de antaño.
El caos en la Sanidad Pública, el colapso en Atención Primaria y las listas de espera son un termómetro del malestar de navarros/as, así como el retraso histórico de las obras del TAP o del Canal hacia la Ribera, o las comunicaciones con Madrid, la conservación vial, el alto índice de siniestralidad en las mismas y los problemas en educación generan una sensación de “comunidad de segunda” y pérdida de competitividad industrial frente a regiones vecinas.
Los mínimos avances en atajar la despoblación y atención al mundo rural, el cierre de servicios, así como la falta de viabilidad de las residencias de mayores, crean una Navarra “dual”: una cuenca de Pamplona que crece y un resto que se apaga, a lo que hay que añadir el grave problema de la vivienda.
El desánimo y desmotivación de la administración de segundo y tercer nivel —no política—, que se siente arrinconada y, al final, se vuelve lenta, sin decisión y hostil.
El Gobierno intenta transmitir que se siente fuerte porque “los números salen” en el Parlamento, pero la Comunidad se está volviendo “más barata”, depreciada en valor y servicios, y más cara en impuestos.
En cuanto a la estabilidad institucional o identidad de la Comunidad Foral, la aritmética parlamentaria impide que caiga el Gobierno, pero su voluntad de mantener abierta la puerta a una posible unión con el País Vasco se percibe como una auténtica contradicción.
Se proclama “Navarra como baluarte” mientras se acepta una disposición que pone en duda su estatus, único en la Constitución; es decir, además de “depreciada”, se desprecia su identidad.
La Constitución “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. Navarra ya existía como entidad jurídica —el Reino de Navarra y su posterior Diputación— antes de la propia democracia. Por eso Navarra no tiene un “Estatuto de Autonomía” común, sino un Amejoramiento del Fuero.
La “Transitoria Cuarta” permite que Navarra se incorpore al País Vasco si así lo acuerda el Parlamento de Navarra y lo decide el pueblo navarro en referéndum. Paradoja: la única comunidad que como tal figura nombrada en la Carta Magna, pero con la posibilidad de fusionarse con una única y concreta comunidad —sin constituirse todavía en el texto constitucional de 1978— y perder su carácter de Comunidad Foral diferenciada.
El Gobierno actual y sus socios defienden que esta cláusula es el “máximo exponente de la libertad de decisión de los navarros/as”, con una única opción y con el agravante de que, si se opta por ello, es irreversible; pero, si no prosperase, puede de nuevo plantearse pasados cinco años. —Art. 143.3 C.E.—.
Resulta difícil entender lo que el Gobierno foral y los socios que lo sostienen afirman: “estabilidad”, “liderazgo” e “identidad” y, al mismo tiempo, aceptar una vía que podría disolver la propia identidad institucional de la Comunidad. Y añaden: “debemos respetar siempre el principio de bilateralidad con el Estado”. Y opino: a lo mejor, dada la depreciación de la C. Foral, facilitar también su venta, si eso conviene a los socios.
JOSE LUIS DIEZ DIAZ
Funcionario foral jubilado
