La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma por el caso Nóos vuelve a dividir a los españoles o, si se prefiere, a los medios de comunicación con los que de alguna manera la gente se siente más identificada.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma por el caso Nóos vuelve a dividir a los españoles o, si se prefiere, a los medios de comunicación con los que de alguna manera la gente se siente más identificada.
Lo que para unos -los más afines a la monarquía- es una sentencia justa, además de razonable, para otros -los más situados a la izquierda- premia la confianza de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, en un marido delincuente. Casi nadie ha dicho lo que debería decirse: si confiamos en la justicia, hay que respetar la sentencia, que es recurrible. Pero, por lo que se ve, al menos una parte de los españoles no cree en la justicia, sobre todo en sus más altos estamentos, que serían aquellos con más riesgo de politización.
No es una buena señal no confiar en la justicia, lo cual abre otro debate: ¿debe revisarse el actual modelo de la justicia en España y el gobierno de los jueces? Se supone que una democracia madura debería saber resolver ese problema, del mismo modo que ha sabido recuperar la imagen del Ejército, de la policía o de la Guardia Civil, estamentos en su día connotados con la dictadura franquista, en los que hoy en día puede haber ovejas negras, como en cualquier otra faceta de la vida, pero no hay sospechas que acrediten razones de desconfianza generalizada.
Si los españoles confían en la justicia que imputa a la infanta pero no en la justicia que la absuelve, tanto los españoles como la justicia tienen un problema grave. No querer verlo, ni menos aún resolverlo, no hará más que perseverar en ese túnel de inmensa oscuridad. Lo sano es que un país crea en la justicia, del mismo modo que cree en los médicos o en los enfermeros.
Cuando la Infanta fue imputada por el juez, a pesar de los obstáculos de la Fiscalía, la abogacía del Estado y Hacienda, se puso en valor que había funcionado el Estado de derecho y que nadie estaba ya por encima de la ley. Ahora que ha sido condenado su marido pero no ella, se dice que era cómplice y coartada, escudo y arma de su marido, Iñaki Urdangarín. Obviamente, ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez.
Salvando todas las distancias, con esto de la justicia también puede estar pasando algo parecido a lo del fútbol. Todos llevamos un entrenador dentro y sabemos quiénes deben jugar y quiénes deben ser sustituidos. A veces incluso tenemos razón, pero resulta que los entrenadores toman otras decisiones porque ellos saben cosas que nosotros no sabemos, como los estados de salud y de ánimo de ciertos futbolistas. Seguramente la Audiencia Provincial de Palma sabe mucho más que nadie del caso Nóos; puede que sepa incluso más de lo que resume en la sentencia, a pesar de tener un millar de folios. Y si no es así, y resulta que ha hecho una sentencia a medida, como insinúan algunos, el problema no es la Audiencia de Palma, sino todo el sistema judicial español y el propio Estado.
La conclusión parece evidente: o los españoles confían -confiamos- en la justicia o deben -debemos- cambiarla cuanto antes. Pero un país no puede tener seguridad -ni futuro- si siempre está diciendo lo que se dice estos días de la sentencia de la infanta, a quien por cierto, si es inocente, habrá que devolverle su estatus. ¿O no?