Lo sabemos casi todo de las estrategias de Madrid contra el independentismo catalán: por encima de la mesa, se apela a la Constitución, se echa mano del Tribunal Constitucional y se reduce el debate político a un asunto de legalidad, mientras que por debajo de la mesa se juega a ver qué da de sí la llamada policía política y se buscan las contradicciones entre los adversarios, que básicamente son Junts pel Sí y las CUP.
¿Es viable el actual Estado español? ¿Existe una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica? ¿Es realmente independiente el poder judicial? ¿Funcionan los reguladores de la competencia? ¿Representan los diputados a los ciudadanos o más bien a los partidos que los ponen en una lista? ¿Tiene sentido que una cuarta parte de la economía española sea sumergida...?
Sea cual sea el resultado de las elecciones autonómicas de este domingo en Cataluña, el mínimo común denominador indica que cuando menos habrá diálogo e innovación política en España. Habrá que repensar el Estado, lo cual exige consenso político, como ya sucedió cuando se elaboró la Constitución de 1978.