• viernes, 29 de marzo de 2024
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Opinión / Columnista de El País y Europa Press. Colaborador de TVG, Radio Galega y La Región.

Los vicios del Poder Judicial

Por José Luis Gómez

Un exsecretario de Estado del Gobierno acaba de escribir en Mundiario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concentra los peores vicios del sistema político español.

Lejos de ser una proclama radical en boca de un outsider de la política, es un análisis razonado. Como explica José Luis Méndez Romeu, los miembros del CGPJ son designados en muchos casos por los partidos políticos, en base a criterios de lealtad y no de idoneidad.

Es su pecado original, pero hay más. También es verdad que no es el único caso, ya que no sucede nada distinto cuando se trata de los organismos reguladores -Competencia, Valores, Banco de España...- o del propio Tribunal Constitucional.

Es, en general, un problema de calidad de la democracia. Del mismo modo que el país precisa recuperar el periodismo de calidad -con todo el respeto a las redes sociales-, necesita regenerar sus instituciones democráticas, empezando por la justicia.

El pecado original del Consejo General del Poder Judicial se ramifica en todo el sistema, ya que designa, a su vez, a los presidentes de los tribunales superiores autonómicos, a los presidentes de audiencias provinciales, magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de sus salas, al tiempo que ejerce la potestad disciplinaria y dirige la formación de los futuros jueces.

Peor aun es la situación de la Fiscalía, cuyo jefe es designado directamente por el Gobierno, que tiene en su mano controlar a su vez a todos los fiscales, con lo cual puede determinar el sesgo de cualquier investigación judicial o, como reconocía el anterior exministro del Interior, afinar ciertos asuntos.

Es ya célebre la frase de Fernández Díaz: "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión", dirigida al entonces jefe de la Oficina Antifrau de Cataluña, en medio de una operación para destruir la carrera de políticos soberanistas catalanes y emprender investigaciones comprometedoras.

De un sistema judicial politizado, subordinado al Gobierno, y una fiscalía gubernamental difícilmente puede esperarse algo bueno y, en todo caso, no parece posible asegurar la división de poderes propia de un Estado de Derecho.

Todo lo que estamos viendo estos días -sentencias controvertidas, designaciones de fiscales a medida...- son solo las consecuencias de un deficiente y viciado Poder Judicial. No solo se trata de que el Gobierno de Mariano Rajoy se haya pasado de la raya, sino de que como puede hacerlo -legalmente, además-, lo hace y se queda tan tranquilo.

Otra prueba de que ha ido demasiado lejos es que, a propósito de los últimos nombramientos del Fiscal General del Estado, fiscales españoles dijeron a través de su asociación que han "entendido el mensaje", como si estuviéramos en uno de los capítulos de El Padrino.

En realidad, llevamos así muchos años y si ahora llaman más la atención ciertas situaciones es porque determinados casos permiten ver lo que antes ya podía intuirse o sospecharse. Las cosas solo podrán cambiar si el poder legislativo así lo decide.


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