El nuevo Estatuto de la Función Pública ha sido aprobado con el apoyo de UGT, CCOO y Afapna y afectará a unas 40.000 personas.
El Gobierno de Navarra abonará de forma progresiva, entre 2027 y 2032, el nuevo complemento de carrera profesional a casi 22.000 empleados públicos de la Administración foral. La medida ha quedado recogida en el nuevo Estatuto de la Función Pública, aprobado este martes 26 de mayo en la Mesa General.
El texto ha salido adelante con el apoyo de UGT, CCOO y Afapna, mientras que ELA y LAB han votado en contra. El nuevo estatuto afectará en conjunto a unas 40.000 personas de las administraciones públicas de Navarra y supondrá en 2032 un coste de 130 millones de euros para el Ejecutivo foral.
La carrera profesional se reconocerá a 21.881 empleados públicos de la Administración foral. Quedan fuera el personal sanitario, que ya tiene reconocida esta figura, y el personal de justicia, que cuenta con su propia regulación.
Además, el nuevo Estatuto del Personal permitirá extender este reconocimiento a aproximadamente 6.000 trabajadores de las entidades locales de Navarra. La norma también será de aplicación al personal de la Administración foral, organismos autónomos, entidades locales y personal técnico, de gestión, administración y servicios de la UPNA.
La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ha comparecido en rueda de prensa junto a la directora general de Función Pública, Gloria Arancón, y ha mostrado su satisfacción por el respaldo mayoritario de la Mesa General. “Es una satisfacción”, ha señalado sobre el acuerdo alcanzado.
Jurío ha defendido que, “superada esta fase”, comienza una nueva etapa en la tramitación del texto. “Este Gobierno nunca ha excluido a nadie, hemos hablado con todos los sindicatos que han querido hablar y acordar; y seguimos teniendo la mano tendida”, ha afirmado.
La consejera ha calificado la aprobación del texto como un “hito” para la función pública en Navarra. Según ha destacado, el Estatuto del Personal busca responder a las necesidades de los empleados públicos y adecuar los servicios públicos a las demandas actuales de la sociedad.
“Nuestra prioridad es construir una Administración del siglo XXI y hoy estamos más cerca de conseguirlo”, ha resaltado Jurío. El Gobierno foral ha explicado que el nuevo texto pretende renovar una normativa “muy heterogénea” que cuenta con más de tres décadas de vigencia.
El anteproyecto de ley foral constará de casi 200 artículos, divididos en 13 títulos, y 21 disposiciones. En ellos se regularán cuestiones como el acceso al empleo público, el régimen retributivo, las vacaciones, las licencias, los permisos o los órganos de representación.
Una de las principales novedades será la aprobación de la carrera profesional, que reconocerá el desarrollo y la trayectoria del personal mediante una progresión sucesiva en cinco tramos. El ascenso dependerá de un sistema objetivo de acreditación de méritos, que se desarrollará de forma reglamentaria.
Ese sistema valorará la trayectoria profesional, el resultado de la evaluación del desempeño, el aprovechamiento de los cursos formativos y la participación en actividades de docencia o investigación en proyectos de interés para la Administración. También se tendrá en cuenta la permanencia en puestos de difícil cobertura y la participación en tribunales de selección.
La carrera profesional se materializará en un nuevo complemento retributivo. Los empleados públicos comenzarán a percibir una cantidad fija mensual en 14 pagas desde el 1 de enero de 2027.
La cuantía dependerá del encuadramiento inicial en el tramo correspondiente, según la antigüedad y el puesto de trabajo ocupado. La implantación será voluntaria e individual.
El abono comenzará con el 20% el primer año de publicación de la ley y tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2027. Después, la progresión prevista será del 30% en 2028, del 50% en 2029, del 70% en 2030, del 90% en 2031 y del 100% en 2032.
El nuevo complemento oscilará, según la antigüedad en el puesto, entre 1.700 y casi 7.000 euros anuales para los empleados públicos de niveles más bajos en la Administración foral. Para quienes ocupen puestos de subnivel A1, la cantidad se situará entre 2.900 y más de 11.000 euros, en función de los años de servicios prestados.
El Gobierno de Navarra ha subrayado que la puesta en marcha de la carrera profesional supondrá un esfuerzo económico importante. En 2032, cuando la implantación esté completada, el coste del abono ascenderá a 130 millones de euros.
Jurío ha destacado que la aprobación de este complemento “no implicará ninguna merma retributiva para los empleados públicos”. Según ha explicado, la carrera profesional se establece por encima de las retribuciones actualmente reconocidas.
De esta forma, se seguirá devengando cada cinco años un nuevo quinquenio y cada seis años y siete meses un nuevo grado. Ambos conceptos cambiarán de denominación, pero mantendrán las mismas cuantías y los mismos periodos de devengo.
El nuevo Estatuto de la Función Pública incorpora también otras mejoras. Entre ellas figura un complemento por evaluación del desempeño, que se suma al complemento fijo de carrera profesional como un elemento vinculado a la productividad.
El texto actualiza, además, los niveles y mejora las licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario. También incluye avances en el permiso parental y en los permisos correspondientes a familias monoparentales.
Otra de las medidas recogidas es la mejora de la reducción de jornada retribuida para los empleados públicos que tengan a su cuidado un hijo con cáncer u otra enfermedad grave. Asimismo, se regulan nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa.
El estatuto mejora también la promoción profesional, tanto con carácter temporal como definitivo. Según ha expuesto el Gobierno foral, el texto queda dotado de la cobertura suficiente para permitir todos los desarrollos reglamentarios posteriores.
Una vez negociado y acordado el texto con los sindicatos que han apoyado la propuesta, el Ejecutivo foral elaborará los informes sectoriales preceptivos. Su objetivo es elevar el anteproyecto de ley foral a sesión de Gobierno para su toma en consideración y remitirlo al Consejo de Navarra antes del verano.
Después, el texto será remitido al Parlamento de Navarra para continuar con su tramitación. La norma marcará el futuro marco laboral y retributivo de unos 40.000 empleados públicos en la Comunidad foral.
