Santos Cerdán ha negado este lunes a la salida del juzgado que se haya producido ningún chantaje en el caso Leire Díez, pero el auto del juez Santiago Pedraz sostiene lo contrario. El magistrado de la Audiencia Nacional ha situado al exsecretario de Organización del PSOE en la cúspide de una presunta trama que habría intentado presionar, comprar o chantajear al fiscal Anticorrupción José Grinda para obtener información contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La declaración de Cerdán se ha producido a la salida del juzgado de Tafalla, donde el exdirigente socialista tiene que acudir a firmar los días 1 y 15 de cada mes por las medidas cautelares impuestas en otra causa judicial. Preguntado por los periodistas sobre si se habían utilizado fondos del PSOE para chantajes o sobornos, Cerdán ha respondido: “Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo, muchas gracias”.
Sin embargo, el auto del juez Pedraz contradice esa versión. Según el magistrado, la organización investigada habría tenido entre sus objetivos al fiscal José Grinda, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, al que se habría intentado captar para conseguir información sobre Alejandro Luzón y sobre causas judiciales sensibles para el PSOE.
El juez sostiene que la presunta trama habría ofrecido a Grinda un destino en el extranjero o incluso 300.000 euros a cambio de que colaborara con sus intereses. En las informaciones publicadas sobre el contenido del auto también se ha señalado que el fiscal habría rechazado el ofrecimiento y que la maniobra se enmarcaría en una estrategia más amplia para interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.
La versión de Cerdán choca así con el relato judicial que ha motivado su imputación en el llamado caso Leire Díez. Pedraz atribuye a la trama una estructura organizada, con Leire Díez como una de las personas encargadas de ejecutar los contactos y con Cerdán situado en un plano superior de dirección. El auto también apunta a pagos presuntamente realizados con fondos vinculados al PSOE para sostener esa actividad.
El caso ha adquirido una especial relevancia política porque el juez investiga si desde el entorno del PSOE se activó una estructura paralela para desestabilizar investigaciones judiciales, obtener información reservada y desacreditar a miembros de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Entre esas actuaciones figura el episodio que afecta al fiscal Grinda, que desmonta la frase pronunciada por Cerdán este lunes en Tafalla.
