El Departamento de Derechos Sociales ha incumplido los plazos legales para valorar el grado de discapacidad de una ciudadana, que presentó su solicitud en octubre de 2025.
El Gobierno de María Chivite ha recibido un nuevo reproche del Defensor del Pueblo de Navarra por los retrasos de su Administración. En esta ocasión, la queja afecta a un procedimiento especialmente sensible, del que depende el reconocimiento oficial de la discapacidad de una persona y su posible acceso a prestaciones, ayudas y otros derechos.
La institución que dirige Patxi Vera ha constatado que el Ejecutivo foral ha superado ampliamente los plazos establecidos por la normativa para resolver una solicitud de valoración del grado de discapacidad. La afectada ha tenido que acudir al Defensor del Pueblo después de pasar varios meses sin obtener una respuesta de la Administración.
La resolución, fechada el 1 de octubre de 2026, ha puesto de manifiesto que el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo todavía no había resuelto una solicitud presentada el 30 de octubre de 2025. Es decir, la ciudadana llevaba más de once meses esperando una valoración que, por ley, debería haberse tramitado en un plazo considerablemente inferior.
El caso ha llegado al Defensor del Pueblo después de que la interesada presentara una queja el 19 de agosto de 2026, ante la falta de respuesta del Gobierno de Navarra. La institución solicitó explicaciones al departamento competente y recibió su informe el 22 de septiembre.
Tras examinar la documentación, el Defensor del Pueblo ha constatado que la solicitud seguía sin recibir una resolución expresa y motivada, pese al tiempo transcurrido desde su presentación.
La resolución ha recordado que la normativa establece plazos concretos para este procedimiento. Por una parte, el Decreto Foral 69/2008, que regula la Cartera de Servicios Sociales de Navarra, fija un plazo de tres meses. Por otra, el Real Decreto 888/2022, relativo al reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, contempla un plazo de seis meses.
En cualquiera de los dos supuestos, el Gobierno de Chivite ha incumplido el tiempo máximo previsto. Si se toma como referencia el plazo de tres meses, la solicitud debería haber sido atendida a finales de enero de 2026. Incluso aplicando el plazo estatal de seis meses, la respuesta tendría que haberse producido a finales de abril.
Sin embargo, llegado octubre, la ciudadana continuaba sin una resolución. El retraso ha superado así en más de cinco meses incluso el plazo más amplio de los dos contemplados, una demora que ha motivado la intervención formal del Defensor del Pueblo.
La falta de una valoración del grado de discapacidad no constituye un simple problema administrativo. Este reconocimiento puede resultar determinante para acceder a determinadas prestaciones económicas, medidas de apoyo, beneficios fiscales, recursos sociales o adaptaciones laborales. La demora en resolver una solicitud puede retrasar también el ejercicio de estos derechos, aunque la resolución no precisa qué consecuencias concretas ha sufrido la reclamante.
Ante esta situación, Patxi Vera ha recordado al Departamento de Derechos Sociales su deber legal de atender en tiempo y forma las solicitudes de valoración del grado de discapacidad. La advertencia deja constancia de que la tramitación del expediente examinado no ha respetado los plazos establecidos.
Además, el Defensor del Pueblo ha recomendado expresamente al departamento que adopte las medidas necesarias para resolver lo antes posible la solicitud presentada el 30 de octubre de 2025. La institución reclama así una actuación que permita poner fin a la espera de la afectada.
La resolución también obliga al Gobierno de Navarra a pronunciarse sobre las recomendaciones. De acuerdo con la Ley Foral 4/2000, el departamento dispone de un plazo máximo de dos meses para comunicar si acepta la resolución y, en ese caso, explicar qué medidas ha adoptado para cumplirla.
Si el Ejecutivo foral no acepta las recomendaciones, el Defensor del Pueblo podrá incluir el caso en su informe anual al Parlamento de Navarra, con una mención expresa a la Administración responsable cuando considere que habría sido posible una respuesta favorable.
Este nuevo expediente deja en evidencia los problemas de demora en la gestión de una prestación administrativa esencial para las personas con discapacidad. Mientras el Gobierno de Chivite está obligado a garantizar que las solicitudes se resuelvan dentro de los plazos legales, la afectada ha tenido que recurrir al Defensor del Pueblo para reclamar una respuesta que llevaba esperando prácticamente un año.
Este caso concreto no es un hecho aislado, ya que en junio de este mismo año el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ya advirtió de un importante incremento en la lista de espera de la valoración y reconocimiento de la discapacidad. En aquel momento, la entidad estimó que podría haber cientos de personas y familias afectadas en Navarra por estos retrasos.
Entonces, la entidad calculaba que algunos casos podrían demorarse "hasta dos años" pese al refuerzo del personal que realiza estas valoraciones. Por eso, reclamó que el asunto entrase de lleno en la agenda política de Navarra con el fin de encontrar "una solución estable y definitiva".
