El Gobierno de María Chivite ha avanzado en una nueva regulación de la vivienda en Navarra que refuerza los requisitos, controles y procedimientos administrativos sobre los inmuebles. El Ejecutivo foral ha tomado en consideración el proyecto de Decreto Foral de Habitabilidad, impulsado por la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, antes de remitirlo al Consejo de Navarra para su dictamen preceptivo.
La norma actualizará el marco vigente desde 2004 y llega en pleno desarrollo de políticas de vivienda con una fuerte carga regulatoria tanto en Navarra como a nivel estatal. El paralelismo con el Gobierno de Pedro Sánchez resulta evidente en algunas de las herramientas empleadas: más requisitos administrativos, controles públicos y nuevas obligaciones ligadas al uso de la vivienda. El Ejecutivo central ha aprobado precisamente esta semana nuevas medidas sobre vivienda tras el conocido caso de Maricarmen Abascal, un paquete que amplía la intervención pública en este ámbito.
El nuevo Decreto Foral de Habitabilidad regulará las condiciones mínimas que deberán reunir las viviendas de Navarra, así como los procedimientos vinculados a la cédula de habitabilidad, su concesión, renovación y control. El Gobierno foral defiende que el objetivo es garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad y bienestar.
Alfaro ha defendido además que la nueva regulación pretende "facilitar la incorporación de nuevas viviendas al parque residencial mediante la eliminación de obstáculos innecesarios". Sin embargo, el texto también desarrolla de forma detallada las condiciones que deberán respetar propietarios y promotores para poder rehabilitar, transformar o poner determinados inmuebles en uso residencial.
La regulación incluirá criterios relacionados con la eficiencia energética, la ventilación y las características de las viviendas, además de adaptar la normativa a exigencias que apenas tenían presencia cuando se aprobó el decreto actualmente vigente. La propuesta ha sido sometida previamente a un proceso participativo que durante 2025 recibió 405 aportaciones, según los datos facilitados por el propio Gobierno de Navarra.
El cambio normativo también contempla excepciones cuando exista imposibilidad técnica, condicionantes derivados de la protección histórico-artística o circunstancias relacionadas con la antigüedad de los edificios. El departamento de Alfaro ha defendido una mayor flexibilidad para determinadas viviendas tradicionales y para inmuebles situados en el ámbito rural.
Ese apartado pretende facilitar la rehabilitación de construcciones que con la normativa actual encuentran mayores dificultades para conseguir la cédula de habitabilidad. Vivienda confía en que esa flexibilización permita incorporar nuevos pisos al mercado residencial, especialmente en localidades rurales y centros históricos.
Al mismo tiempo, la nueva norma mantendrá la capacidad de la Administración para inspeccionar las viviendas y comprobar que cumplen las condiciones mínimas exigidas. La potestad de inspección no es nueva, ya que forma parte del marco actualmente vigente, aunque el decreto actualizará los requisitos sobre los que se realizarán esos controles.
El proyecto navarro coincide así con un momento de creciente regulación de la vivienda en España. El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido durante los últimos años medidas de intervención pública sobre los alquileres, la vivienda protegida y los desahucios, mientras que sus detractores han cuestionado que aumentar las obligaciones sobre propietarios consiga ampliar la oferta disponible.
El denominado "decreto Maricarmen", aprobado por el Gobierno central tras el caso que le da nombre, se ha presentado precisamente como un nuevo paquete destinado a reforzar la protección del derecho a la vivienda y su función social. El propio texto estatal justifica las nuevas medidas por la necesidad de incrementar la actuación de los poderes públicos en el mercado residencial.
En Navarra, el departamento dirigido por Begoña Alfaro también ha aumentado durante esta legislatura el peso de la regulación pública en materia residencial. A las nuevas normas de habitabilidad se suman otras medidas desarrolladas en los últimos años sobre alquiler protegido, vivienda asequible y diferentes fórmulas de acceso a pisos.
La propia normativa foral mantiene obligaciones sobre la cédula de habitabilidad y establece mecanismos de inspección y sanción ante el incumplimiento de las condiciones exigidas. La legislación navarra sobre vivienda recoge además un amplio catálogo de obligaciones e infracciones aplicables a propietarios, promotores y otros agentes del sector.
El Decreto Foral de Habitabilidad de Navarra llegará ahora al Consejo de Navarra antes de su aprobación definitiva. Sustituirá a una regulación que lleva más de dos décadas vigente y establecerá el nuevo marco que deberán cumplir las viviendas nuevas, las ya existentes y aquellas que sean objeto de rehabilitación.
