El Partido Popular de Navarra (PPN) ha puesto una condición imprescindible para negociar la nueva Ley Foral de Juventud y Justicia Intergeneracional: que el Gobierno de María Chivite incluya expresamente en el texto el rechazo al terrorismo de ETA. Los populares consideran inaceptable que la norma mencione la represión franquista, pero no haga ninguna referencia a los atentados de la banda terrorista.
Esta exigencia se ha convertido en la principal línea roja de las 24 enmiendas que el PPN ha presentado este viernes, 9 de octubre, al proyecto legislativo del Ejecutivo foral. La formación ha advertido de que no negociará el conjunto de la ley si no se acepta su propuesta sobre la memoria democrática.
La portavoz de Juventud del PPN, Maribel García Malo, ha presentado las enmiendas en una rueda de prensa celebrada en Pamplona, acompañada por el presidente de Nuevas Generaciones de Navarra, Carlos Jiménez, y el secretario general de la organización juvenil, David Diago.
El principal desacuerdo se encuentra en el artículo 70, dedicado a los jóvenes y la memoria democrática. Los populares denuncian que el Gobierno de Navarra haya incluido referencias a la represión durante el franquismo sin mencionar el terrorismo de ETA. “Es algo gravísimo”, han advertido.
“No se puede hablar de memoria democrática con una ley que menciona la represión franquista y omite el terrorismo de ETA. El respeto a todas las víctimas exige que no se deje fuera a ninguna”, ha defendido el Partido Popular de Navarra.
Por ello, el PPN reclama modificar este artículo para promover entre los jóvenes el conocimiento riguroso de la historia contemporánea de Navarra y España, el respeto a la dignidad de todas las víctimas y los valores de libertad, democracia, convivencia y cultura de paz.
La enmienda incluye expresamente el “rechazo a cualquier dictadura y represión política, al terrorismo de ETA y a cualquier otra forma de terrorismo, violencia política o persecución ideológica”. Para los populares, la aceptación de esta redacción resulta imprescindible antes de abordar cualquier acuerdo sobre la futura ley.
Otro de los puntos de conflicto es el artículo 65, dedicado a los jóvenes y el euskera. El PPN considera que el Gobierno de Chivite pretende utilizar esta norma para introducir medidas de “imposición lingüística” en lugar de atender las necesidades de la juventud.
Los populares proponen sustituir la redacción de este apartado por otra que garantice los derechos lingüísticos de los jóvenes de acuerdo con la legislación vigente. A su juicio, el proyecto actual responde a un intento de imponer una determinada ideología.
Más allá de estas dos cuestiones, el partido ha presentado 24 enmiendas elaboradas con la participación de Nuevas Generaciones. Su objetivo, según ha explicado, es corregir una ley que califica de “mala” y que considera alejada de los problemas cotidianos de los jóvenes navarros.
El PPN también ha cuestionado la estructura y el contenido del proyecto, así como la creación de nuevos órganos administrativos. La formación ha recordado que los informes técnicos han planteado objeciones sobre el encaje jurídico de la norma, sus posibles duplicidades y otros aspectos de su elaboración.
“Es una ley tan mala que ni siquiera cuenta con el respaldo técnico de quienes tenían que avalarla”, han señalado los populares, que reclaman una legislación menos burocrática y orientada a resultados concretos.
En materia de empleo, las enmiendas plantean facilitar el acceso al primer trabajo, mejorar la formación práctica y combatir la precariedad laboral. También incluyen propuestas para favorecer el emprendimiento juvenil mediante asesoramiento, financiación y una reducción de las trabas burocráticas.
Estas medidas beneficiarían, según el planteamiento del PPN, a los jóvenes que quieran iniciar una actividad como autónomos, crear pequeñas empresas o continuar con negocios familiares.
“Los jóvenes merecen algo mejor. Necesitan oportunidades para encontrar trabajo, acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida en Navarra. La ley debe servir para resolver esos problemas”, ha defendido el partido.
La vivienda constituye otro de los ejes principales de las enmiendas. Los populares plantean facilitar tanto el alquiler como la compra, con avales para afrontar la entrada de la primera vivienda y un aumento de la oferta protegida a precios asequibles.
También proponen impulsar fórmulas de colaboración con promotores, cooperativas, propietarios y ayuntamientos para aumentar el número de viviendas disponibles y favorecer la emancipación juvenil.
El Partido Popular ha acompañado estas propuestas con varios datos sobre la situación de los jóvenes en Navarra. Según las cifras recogidas por la formación, el 27,45 % de los menores de 25 años está en paro y el 84 % de los menores de 30 años continúa viviendo con sus padres.
“No porque quieran, sino porque no pueden”, han afirmado los populares al referirse a las dificultades económicas que, a su juicio, impiden a muchos jóvenes abandonar el hogar familiar.
Además, el PPN ha advertido de que la oferta de alquiler estable en Pamplona ha caído un 39 % en un año. Por ello, insiste en que la eficacia de la ley debe medirse por su capacidad para facilitar el acceso al empleo y a la vivienda, no por el número de organismos que establezca.
Las enmiendas también incorporan iniciativas para que los jóvenes puedan formar una familia, conciliar el trabajo con la vida personal y recibir apoyo durante la crianza. Entre ellas figura la recuperación de medidas de apoyo a los proyectos familiares y la adaptación de las políticas de vivienda a las necesidades de quienes tienen hijos.
En el ámbito rural, el PPN propone facilitar el acceso a la vivienda en los pueblos de Navarra, promover la rehabilitación de inmuebles vacíos y favorecer el relevo generacional. También plantea que determinadas ayudas de emancipación, empleo y vivienda puedan prolongarse más allá de los 30 años cuando resulte necesario.
La salud mental juvenil ocupa igualmente un apartado de las propuestas. Los populares reclaman reforzar la detección temprana de problemas psicológicos, establecer protocolos de prevención del suicidio y asegurar la continuidad de la atención sanitaria y social.
Para ello, proponen mejorar la coordinación entre centros de salud, servicios de salud mental, centros educativos y servicios sociales. También solicitan publicar indicadores anuales que permitan conocer las demoras, el acceso a los recursos y los resultados de la atención prestada a los jóvenes.
Las restantes enmiendas se centran en mejorar la seguridad jurídica, evitar duplicidades y cargas administrativas innecesarias y reforzar la transparencia de los órganos de participación juvenil. El PPN reclama, además, que las medidas previstas en la ley dispongan de financiación suficiente y de mecanismos para evaluar sus resultados.
La formación mantiene que cualquier negociación sobre la Ley Foral de Juventud y Justicia Intergeneracional deberá comenzar por la aceptación de su enmienda al artículo 70, con la mención expresa al terrorismo de ETA, además de incorporar medidas en empleo, vivienda, familia, salud mental y oportunidades para los jóvenes navarros.
