La sindicalista y miembro de la Confederación UGT Manuela Laborda Ibáñez ha desarrollado una investigación en la que propone mejorar los planes de pensiones de empleo privados para fomentar las pensiones públicas.
Los planes de pensiones de empleo son instrumentos de ahorro-previsión a largo plazo promovidos por las empresas o las instituciones para las personas trabajadoras con el objetivo de complementar la pensión pública de jubilación de la Seguridad Social.
De esta forma, se proporcionaría una cobertura complementaria más eficiente en España para quienes llegan al retiro del mercado laboral. Así lo recoge en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que apuesta por implantar un modelo más “sencillo y transparente” con el fin de que también llegue a las pymes.
Según su investigación, de entre 21 millones de personas ocupadas, apenas dos millones de personas trabajadoras (en su mayoría en grandes empresas) cuentan con esta herramienta privada de ahorro.
Los planes de pensiones de empleo, introducidos formalmente en España con la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987, son instrumentos voluntarios y privados que buscan complementar la pensión pública de la Seguridad Social.
A diferencia de esta última, que es obligatoria, estos planes son opcionales y están diseñados para mejorar la jubilación de las personas trabajadoras sin sustituir las prestaciones públicas.
La tesis destaca que, aunque los planes de pensiones de empleo experimentaron un crecimiento significativo en los primeros años de la década de 2000, debido a la externalización de los compromisos de pensiones de las empresas, este crecimiento se ha ralentizado.
Actualmente, la adopción de estos planes varía considerablemente entre grandes empresas y pymes. “Su introducción ha sido relativamente significativa en las grandes compañías, mientras que, en las pequeñas y medianas o por sectores, no ha tenido prácticamente desarrollo”, describe Laborda.
“Al menos, en 2022, el Convenio General del Sector de la Construcción negoció la formalización, a nivel estatal, de un plan de pensiones amparado en la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, y su desarrollo reglamentario”, añade.
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones incluidos en la investigación, a finales de 2022, el número de cuentas de partícipes en planes de pensiones de empleo aumentó un 0,72% hasta alcanzar un total de 2.053.054 de cuentas.
“En la actualidad, son pocas las personas trabajadoras que cuentan con un nivel adecuado de cobertura complementaria a través de planes de pensiones colectivos”, apunta Manuela Laborda, cuya tesis ha sido dirigida por dos docentes del Departamento de Derecho: Julen Llorens Espada, profesor contratado y doctor, y Luis Pérez Capitán, profesor asociado.
La investigación subraya “la necesidad de mejorar los sistemas privados de previsión social en España para que puedan complementar de manera efectiva las pensiones públicas”.
Para ello, propone poner en marcha un modelo de plan de pensiones ocupacional que sea “sencillo, transparente y accesible” para la mayoría de las personas trabajadoras.
