El Defensor del Pueblo de Navarra ha dado un toque de atención al Departamento de Educación del Gobierno de Chivite por la situación de una alumna con una discapacidad reconocida del 34% que ha suspendido durante dos años consecutivos las prácticas de un ciclo de Formación Profesional, pese a haber superado con solvencia todas las asignaturas teóricas.
La joven cursa un Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Sus padres han denunciado que el centro educativo no ha adaptado adecuadamente las pruebas prácticas a las necesidades de su hija y que la única solución ofrecida ha sido permitirle presentarse a nuevas convocatorias extraordinarias.
La familia considera que esta medida no resuelve el problema. Según explicaron en su queja, repetir los exámenes sin modificar la metodología de enseñanza ni adaptar las pruebas supone condenar a la alumna a enfrentarse una y otra vez a las mismas dificultades.
Los padres trasladaron su reclamación al Defensor del Pueblo el pasado 22 de julio. En ella solicitaron la intervención del Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA), una valoración psicopedagógica de su hija y la elaboración de un plan de acompañamiento personalizado.
También reclamaron que se revisara su posible inclusión en el censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que se garantizara la realización de las prácticas en un puesto adaptado a su discapacidad.
Tras recibir la queja, el Defensor del Pueblo solicitó explicaciones al Departamento de Educación. La respuesta del Gobierno de Navarra se centró en señalar que corresponde a los servicios de orientación de los centros determinar la inclusión de los alumnos en el censo de necesidades específicas y al equipo docente establecer las medidas educativas.
Educación también anunció que trasladaría la solicitud al CREENA y al centro educativo para que el organismo especializado pudiera prestar asesoramiento sobre posibles adaptaciones metodológicas. Además, indicó que el Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia realizaría el seguimiento correspondiente.
Sin embargo, la respuesta del departamento dejó sin aclarar una cuestión fundamental: qué medidas concretas se habían aplicado durante los dos años en los que la alumna había suspendido las prácticas.
Así lo ha advertido expresamente el Defensor del Pueblo en su resolución del 8 de octubre. La institución ha señalado que en el informe remitido por Educación "nada se indica acerca de las medidas educativas que se han adoptado con la menor durante estos dos años".
El organismo dirigido por Patxi Vera ha recordado que la legislación educativa obliga a las administraciones públicas a proporcionar los recursos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
También ha citado la normativa navarra sobre inclusión educativa, que establece la obligación de adoptar medidas desde el momento en que se detecten barreras que dificulten el aprendizaje y la participación del alumnado.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Departamento de Educación que adopte las medidas necesarias para atender las necesidades educativas de esta alumna.