La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra ha solicitado la apertura de juicio oral contra una empleada de hogar, de nacionalidad ucraniana, acusada de aprovecharse de la avanzada edad y la situación de vulnerabilidad de dos ancianas en Pamplona para sustraerles de forma sistemática miles de euros.
El Ministerio Público pide para la procesada, que carece de antecedentes penales, penas que podrían llegar a los 15 años de prisión. Se le imputan presuntos delitos continuados de estafa, hurto y, de forma alternativa, apropiación indebida.
Según detalla el escrito de acusación, la encausada comenzó a trabajar en junio de 2021 en el domicilio de la primera de las víctimas, una mujer nacida en 1933 que residía en la capital navarra. Sus labores se limitaban a dos horas, un día a la semana. Con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, desde al menos marzo de 2022 y hasta octubre de 2023, la empleada se apoderó de diversas cantidades de dinero en efectivo que la propia anciana guardaba en su vivienda tras retirarlo del cajero automático.
Ante las sospechas de lo que estaba ocurriendo, la víctima y su sobrina prepararon un sobre con dinero, del cual la acusada sustrajo 50 euros. Semanas más tarde, decidieron instalar una cámara doméstica en la vivienda y colocaron un nuevo sobre con 350 euros. En esa ocasión, la mujer se apropió de 120 euros que posteriormente le fueron hallados en su poder.
Además, el fiscal sostiene que la acusada se hizo con la libreta de ahorros de la anciana y, tras averiguar su número PIN, realizó múltiples reintegros ilícitos que ascendieron a un total de 14.700 euros entre mediados de 2022 y principios de 2023. La Fiscalía constata que, aunque la víctima presentaba un déficit cognitivo muy leve y sabía administrar su dinero, su avanzada edad la hacía excesivamente confiada y vulnerable al engaño.
Paralelamente y en las mismas fechas, la acusada ejercía como cuidadora interna en el mismo edificio para otra anciana, nacida en 1939, y que se encontraba postrada en una silla de ruedas. Aprovechándose de la estrecha relación laboral y de la confianza depositada en ella, consiguió que la perjudicada le entregara sumas de dinero adicionales a su sueldo estipulado de 700 euros.
Asimismo, se apoderó de su tarjeta de crédito y efectuó numerosas extracciones ilícitas en una entidad bancaria por un valor total de 8.550 euros. A esta cantidad se sumaron otros reintegros por valor de 6.950 euros realizados, bien por sí misma o a través de la propia víctima, en otra cuenta corriente.
El abuso de la vulnerabilidad de la anciana llegó al extremo de conseguir que la nombrara como heredera del piso donde residía en un testamento abierto en mayo de 2023. No obstante, dicha disposición fue revocada meses después mediante un testamento posterior, antes de que la mujer falleciera en diciembre de ese mismo año.
Por todo ello, la Fiscalía considera a la procesada responsable penal en concepto de autora de los hechos. Respecto a la primera de las víctimas, califica la conducta como un delito continuado de hurto con el agravante de abuso de circunstancias personales, o alternativamente como un delito de apropiación indebida. Estos cargos concurren en régimen de concurso real con un delito continuado de estafa cometido con abuso de relaciones personales.
Por el supuesto hurto o apropiación indebida, pide una pena de 3 o 5 años de prisión, respectivamente, además de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 15 euros. Por el delito continuado de estafa contra esta misma perjudicada, solicita otros 5 años de cárcel y una multa idéntica. Adicionalmente, reclama imponer una orden de alejamiento a menos de 200 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de 5 años.
En cuanto a las acciones cometidas contra la segunda anciana, la calificación penal es la de un delito continuado de estafa con abuso de relaciones personales. Por este cargo, el Ministerio Público solicita una pena de 5 años de prisión y otra multa de 12 meses a razón de 15 euros diarios.
Finalmente, en el apartado de la responsabilidad civil, el fiscal pide que la acusada indemnice a la primera perjudicada con la cantidad de 14.700 euros por el dinero apropiado de sus cuentas. De igual modo, solicita que abone a los herederos legales de la segunda víctima fallecida las cuantías de 8.550 y 6.950 euros por los fondos de los que se apoderó de forma ilícita.
