La planta de lodos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tudela ha vuelto a centrar el choque político después de que el alcalde, Alejandro Toquero, haya cargado con dureza contra el Gobierno de Navarra por la vía judicial abierta por la Confederación Hidrográfica del Ebro. El regidor ha sostenido que ese paso “deja definitivamente tocados” tanto a la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, como al consejero de Cohesión Territorial y presidente de Nilsa, Óscar Chivite.
Toquero ha atribuido la situación a la resolución firmada en noviembre por Ana Bretaña para autorizar la ampliación de la planta de lodos. Además, ha reprochado a Óscar Chivite que restara importancia al requerimiento de la CHE, en el que, según ha recordado, ya se advertía de que la autorización ambiental integrada del Ejecutivo foral no se ajustaba a derecho.
El alcalde de Tudela ha afirmado que Óscar Chivite “mintió de nuevo” cuando planteó hace unas semanas que el requerimiento del organismo de cuenca era solo una cuestión técnica entre administraciones. A su juicio, ahora se ha conocido que la decisión de acudir a los tribunales responde en realidad al silencio administrativo del Gobierno de Navarra ante ese requerimiento.
En ese sentido, Toquero ha asegurado que el Ejecutivo foral mantuvo la misma “callada por respuesta” que, según ha denunciado, recibió también el Ayuntamiento de Tudela. Esa situación, ha explicado, ha llevado igualmente al Consistorio a acudir a los tribunales contra una actuación que ha calificado de “chapuza administrativa”.
El alcalde ha ido más allá y ha sostenido que esa autorización fue diseñada “a la carta” y “a contrarreloj” por el equipo de Óscar Chivite y la presidenta María Chivite. Según su versión, el objetivo era dejar a Tudela fuera de la moratoria para nuevas plantas de biogás que aprobó el Parlamento de Navarra en octubre.
Toquero ha señalado que el Ejecutivo foral ha emprendido una “huida hacia adelante” que puede acabar en un callejón sin salida. También ha recalcado que la actuación de la CHE, organismo dependiente del Gobierno de España, deja en evidencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la actuación del consejero y del Departamento de Medio Ambiente.
Además, ha mencionado el rechazo mostrado por colectivos ecologistas, que también han anunciado iniciativas legales contra esta ampliación. Para el alcalde, esa oposición refuerza la idea de que la iniciativa ha generado un amplio rechazo más allá del ámbito institucional.
Por último, Toquero ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento sigue siendo que la Justicia anule cuanto antes, incluso de forma cautelar, la resolución exprés que autorizó la ampliación. El regidor se ha mostrado convencido de que los argumentos de la Confederación Hidrográfica del Ebro jugarán a favor de los intereses de los tudelanos y de que Tudela quede incluida en la moratoria.
