Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez han pactado una enmienda a la Ley de Memoria Democrática que modifica la Ley de Amnistía de 1977 para que los crímenes franquistas sean considerados de lesa humanidad. Entre ellos, los del Montejurra de 1976.
La Ley de Amnistía de octubre 1977 fue la respuesta a un clamor de toda la izquierda. Se aprobó por abrumadora mayoría en el Congreso (296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 nulo). Según Marcelino Camacho del PCE: “La pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser una amnistía”.
Muerto Franco se había concedido un indulto, y meses después, una amnistía parcial que benefició a unos 300 presos políticos. Había sido reclamada por la Comisión Pro Amnistía –más tarde se refundaría en las Gestoras Pro Amnistía- que propagó hasta la saciedad por el País Vasco y Navarra, los slogans: ¡Amnistía osoa! ¡Presoak kalera!
Con la ley de 1977 salieron a la calle 89 presos involucrados en delitos de sangre, entre ellos sin haber sido juzgados, los tres incriminados (Márquez de Prado, Marín García-Verde y Carrera) en el sangriento Montejurra de mayo de 1976, cuyo resultado fue de dos muertos (Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos) y cuatro heridos graves de bala.
La revanchista izquierda que nos gobierna y que pretende desmemoriarnos de aquella reconciliación, anunció hace unos días que habían pactado una enmienda al proyecto de Ley de Memoria Democrática que modifica la Ley de Amnistía de 1977 para considerar los crímenes franquistas de lesa humanidad. Muchos juristas manifestaron reparos en la aplicación de la retroactividad a aquel perdón.
Para aclarar la situación, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reconoció que no tendría consecuencias jurídicas. Algo que rebajaba las expectativas del sector podemita del Ejecutivo, lo que ha obligado, mientras se dirimen asperezas, a dejar en el cajón la ley estrella de la legislatura. Obviamente no tiene sentido enjuiciar a franquistas que están enterrados.
¿A qué viene esta maniobra? No es difícil adivinar que el anhelo de los compinches de Sánchez, como han manifestado en múltiples ocasiones, es la desclasificación de secretos oficiales que demuestren fehacientemente la implicación del Estado en algunos sucesos, en especial en el periodo de 1975 a 1978. Es más que probable que este sea el origen de las desavenencias, porque no nos llamemos a engaño, el verdadero objetivo de UP es desacreditar la Transición, y por ende, la Constitución.
Y puestos a desclasificar, también los documentos de la guerra sucia contra ETA en los tiempos de Felipe González. En el caso que nos atañe de Montejurra 1976, las evidencias y las declaraciones del general Sáenz De Santa María ratifican la connivencia de diferentes estamentos del Estado; algo que explicaría la flagrante inhibición de la Guardia Civil y de la Policía Armada al dejar actuar libremente a los grupos ultraderechistas y fascistas de apoyo a la facción de Sixto.
Ahondando en esta línea, hace unos meses el Gobierno foral, a través del departamento de Relaciones Ciudadanas de Ana Ollo, presentó el informe El terrorismo desconocido, redactado por la Universidad Carlos III, sobre los 21 atentados terroristas cometidos en Navarra por la extrema derecha entre 1975 y 1985. Resumen: un desaparecido y tres asesinatos, dos de ellos los ya referidos de Montejurra.
El terrorismo es deleznable sea del signo que sea, máxime si procede del Estado. Ahora bien, si echamos la vista al otro terrorismo, el conocido de ETA en Navarra cometió, más de 400 atentados, y perpetró 42 asesinatos, que además de ser crímenes de lesa humanidad, son de absoluta inhumanidad.
De los sucesos de hace 45 años en Montejurra se ha dicho y escrito de todo, además periódicamente se celebran actos conmemorativos. La base principal de la acusación al Estado se encuentra en el Informe Montejurra 76-96 (IM76), el llamado libro negro, realizado por Euskal Herria-Euskal Herriko Karlista Alderdia EKA-Partido Carlista que pone la diana en algunos miembros de la derecha con nombres, apellidos y direcciones.
En contraste con los crímenes de los dos carloshuguistas de Montejurra, los asesinatos de ETA a tradicionalistas por su ideología no han tenido igual repercusión mediática, algunos en plena democracia, como por ejemplo:
Se ponga como se ponga Odón Elorza, los gobiernos de Sánchez y Chivite, para salvaguardar sus respectivas legislaturas, muestran una actitud laxa con el terrorismo de ETA y su entorno; por el contrario, mantienen una obsesiva inclinación a enfatizar los actos de la extrema derecha, haciendo el caldo gordo a los que quieren cargarse el régimen de la Transición.
