UPN denunció favoritismo en una adjudicación de casi 144.000 euros del Gobierno de Joseba Asiron que fue anulada por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN). El contrato, concedido a Elhuyar Fundazioa para desarrollar el programa de divulgación científica Bizilabe en Pamplona, fue cuestionado por los regionalistas por las condiciones utilizadas para seleccionar a la entidad beneficiaria.
La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y candidata a la Alcaldía, María Caballero, compareció este viernes 20 de noviembre junto a los concejales Carlos Salvador y Fernando Aranguren para exigir responsabilidades políticas al Gobierno de Asiron. También reclamó la paralización inmediata de Bizilabe y el cumplimiento de la resolución administrativa que anuló la adjudicación.
Caballero puso el foco en el concejal de Geroa Bai, Mikel Armendáriz, responsable del área de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo. Según denunció la portavoz regionalista, su departamento adjudicó el contrato a una fundación dirigida por una persona que anteriormente había sido representante de esa misma formación política.
La representante de UPN consideró que estos hechos constituían un posible caso de favoritismo en la contratación municipal. Su principal crítica se centró en que el Ayuntamiento de Pamplona eligió a una entidad concreta mediante un procedimiento que impidió competir a otras organizaciones, sin justificar suficientemente esa limitación.
La resolución del Tribunal Administrativo de Navarra respaldó las objeciones relativas a la falta de justificación del procedimiento. El TAN consideró que el Consistorio no había explicado adecuadamente por qué debía contratarse específicamente el programa Bizilabe, sin permitir que otras entidades presentaran iniciativas similares.
El tribunal apreció una vulneración de las exigencias de motivación y de los principios de igualdad de trato y no discriminación que deben respetarse en la contratación pública. Estos argumentos fueron utilizados por Caballero para cuestionar las decisiones adoptadas por el equipo de Gobierno municipal.
El Ayuntamiento había justificado la elección de Elhuyar Fundazioa en que era la entidad titular del programa Bizilabe. Sin embargo, UPN sostuvo que esa circunstancia no bastaba para excluir otras propuestas, puesto que el objetivo municipal era ofrecer actividades de divulgación científica para niños y jóvenes.
Los regionalistas aclararon que su oposición no se dirigía contra el contenido educativo del programa. Bizilabe buscaba fomentar el interés de los menores por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, disciplinas conocidas como STEM. Caballero defendió que esa misma finalidad podía alcanzarse mediante una convocatoria abierta a diferentes entidades especializadas.
Durante su comparecencia, la portavoz regionalista extendió sus críticas a Geroa Bai, EH Bildu y PSN, formaciones a las que responsabilizó de haber respaldado la adjudicación pese a las advertencias formuladas por UPN. También reprochó al Gobierno de Asiron que mantuviera su defensa del expediente después de que los regionalistas cuestionaran su legalidad.
Caballero exigió conocer quién decidió contratar específicamente a Elhuyar Fundazioa, quién determinó el procedimiento utilizado y qué argumentos se emplearon para descartar otras alternativas. Por ello, reclamó explicaciones al concejal Mikel Armendáriz, a Geroa Bai y al propio alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.
La portavoz municipal insistió en que la anulación de un contrato de casi 144.000 euros debía tener consecuencias políticas. A su juicio, el Ayuntamiento no podía limitarse a defender la actuación de sus responsables después de que el TAN hubiera cuestionado la legalidad del procedimiento de adjudicación.
Además, Caballero criticó que el equipo de Gobierno anunciara su intención de recurrir la resolución del TAN. La representante de UPN consideró injustificada esa decisión y advirtió de que la presentación de un recurso no eximía al Consistorio de cumplir las obligaciones derivadas de la resolución administrativa.
La candidata regionalista también señaló que, debido a los plazos judiciales, resultaba difícil que se conociera una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa antes de las próximas elecciones municipales de mayo. Por ese motivo, insistió en la necesidad de adoptar medidas sin esperar a que concluyera el procedimiento judicial.
Por último, Caballero anunció que UPN estaba revisando otras adjudicaciones del Ayuntamiento de Pamplona realizadas mediante procedimientos sin concurrencia competitiva. La formación regionalista aseguró que había localizado más expedientes que merecían ser examinados y que continuaría investigando la contratación municipal para comprobar si se habían producido situaciones similares.