El autor critica la actuación del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.
- sábado, 20 de abril de 2024
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Después de varias semanas intentando rebuscar supuestos incumplimientos en los ERTE, tratando de cargar a empresa y asesorías de todos los graves problemas que este desastroso sistema ha causado y mintiendo a miles de familias que (todavía hoy) no han cobrado lo que debían, el Ministerio de Trabajo parece haberse rendido. Rebaja sus expectativas y, de momento, centra la actuación de la Inspección de Trabajo en situaciones de flagrante fraude: personas trabajando y cobrando la prestación. Ya les ha costado.
Ahora, el Ministerio de Trabajo anuncia una campaña para perseguir y sancionar el incumplimiento de las medidas de seguridad de las empresas. Por lo visto, consideran que las normas y reglamentaciones que se nos han ido echando encima son suficientemente claras y llevan aplicándose el tiempo suficiente como pasar directamente a la carga. A multar.
Normas claras como el uso de la mascarilla o las distancias de 2, 1,5 y 1 metro. Normas dictadas con tiempo suficiente, como la exigencia de priorizar la reincorporación en jornadas parciales dictada tres semanas más tarde que el plan de la desescalada, o las condiciones para la exoneración de cuotas que, todavía hoy, no tiene clara ni la propia Administración. Las empresas han ido adaptándose de mala manera, improvisando y reajustando permanentemente sus actuaciones. Totalmente abandonadas por quien tiene la competencia de dirigir este país.
Y también faltan medios adecuados para cumplir las exigencias de esta pandemia. En estas semanas se ha conocido que algunos focos del llamado rebrote se han producido en explotaciones agrarias (Huesca y Lérida). El foco mediático se ha centrado en la actuación del empresario de turno y en las condiciones del personal contratado. Nadie se pregunta el motivo por el que se permitió el desplazamiento de personas infectadas. Porque en el llamamiento del Gobierno para atender la recogida de productos agrarios no se incluyó ningún plan de control sanitario. Nadie se pregunta el motivo por el que se obvió la realización de pruebas antes de una incorporación tan masiva de personas trabajadoras a las explotaciones agrarias. La culpa se hace recaer únicamente en las perversas empresas.
En esta situación de confusión normativa y privación de medios, el Ministerio de Trabajo considera prioritario sancionar. Es decir, queriendo o sin quererlo, las personas que ocupan los cargos de responsabilidad en el ministerio trasmiten la imagen de que les importa un bledo que se garanticen con verdadera eficacia las medidas de lucha contra el Covid-19. De lo contrario, incidirían en aclarar normas y criterios, además de en facilitar medios y protocolos.
Al parecer, lo prioritario es mantener ese empeño de demonizar la empresa y condenarla a la hoguera purificadora de vaya usted a saber qué tipo de ideología. De nuevo, se trata de pasarles el marrón de las responsabilidades propias por la pésima gestión de esta crisis del Covid-19. Y como todo es mediático, su empeño se reduce a construir la imagen de que los empresarios son esos malos que no atienden las medidas de seguridad. ¿Qué medidas y con qué medios? Eso nadie se lo pregunta.
La prueba de que su prioridad no es combatir el Covid-19 se evidencia en la dejación que realiza la Inspección de Trabajo en los ámbitos socio-sanitario y de seguridad y protección ciudadanas. ¿Cuántas inspecciones se han realizado para comprobar los medios facilitados al personal de estos sectores? Al contrario, la Administración se ha defendido, incluso en tribunales, argumentando la imposibilidad de dotar de medios y, ahora, ¿pretende salir a sancionar como prioridad?
España se ha destacado por duplicar la cifra de contagios por Covid-19 entre el personal sanitario. Una de cada cinco personas contagiadas es personal sanitario. Habría que añadir los contagios del personal de residencias, personal de cuerpos policiales, servicios sociales, protección civil… Es una cifra absolutamente inaceptable, se mire por donde se mire. Es más, algunas administraciones han aprovechado esta situación de fuerza mayor para dinamitar los convenios colectivos, como si el personal no hubiera dado sobradas muestras de responsabilidad y consideración al interés público. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo al respecto?
¿Acaso puede garantizar el Gobierno que, llevando mascarilla, manteniendo higiene y distancia es suficiente para evitar el contagio por Covid-19? Dicho de otro modo, ¿todos los contagios se produjeron por no llevar mascarilla, no respetar la distancia y/o la higiene? Si es así, el personal sanitario contagiado habría infringido las normas de cuidado. Una barbaridad, por supuesto. Hasta las administraciones sanitarias han alegado, en los tribunales, que la situación desbordó incluso las medidas de protección.
He aquí la extrema ruindad del escenario que persigue el Ministerio de Trabajo: responsabilizar a las empresas por la infección por Covid-19 de cualquier persona empleada, presuponiendo que trae causa del incumplimiento de medidas. Responsabilidad cuasiobjetiva que deberán asumir las empresas, tratándose de una epidemia que ningún país del mundo está siendo capaz de abordar con pleno éxito. Que paguen las empresas, que todo lo pueden.
Para revisar la gestión pública de esta crisis, insisten una y otra vez, aún no es el momento. Reforzar los mecanismos de prevención y salud pública, o no es posible o no es razonable o es responsabilidad de las autonomías y de los municipios. Pero el Gobierno de España, su Ministerio de Trabajo, sí considera prioritario ir a por las perversas empresas ¿Protegerá al menos al personal de inspección o les mandará a que se infecten alegando, una vez más, que era imposible garantizar una efectiva prevención? Lo que sea necesario para escarmentar a las perversa empresas.
