Vuelve la mula al trigo, aprovechando que aquellos hechos ocurrieron hace mucho tiempo, y vuelve para ensayar un trampantojo parecido y meter Pamplona en una senda con dudoso final.
Nos sorprende nuestro imaginativo alcalde (me refiero a Pamplona) con una novedad mundial en el ámbito de las promociones de viviendas en alquiler, las entidades sin ánimo de lucro. Lo hace después del fracaso del gestor de cooperativas de Maristas, que nos vendió en 2019 como la mejor manera de producir viviendas a precio de costo, y ya vemos la deriva que ha tomado siete años después. Desde luego que a precio de costo, pero qué costo, madre mía. Tanto ha triunfado la magnífica idea del señor Asirón, que la misma coalición progre que alumbró semejante idea ha terminado prohibiendo el procedimiento (cooperativas de VPO en venta) en su última ley de vivienda.
Yéndonos de Maristas, ¿en qué consiste esta novedad? Varias personas con gran capacidad de iniciativa, olfato para las subvenciones y buenos contactos entre los gobiernos progres, como el de Navarra, organizan una fundación. La definen como “sin ánimo de lucro”, obtienen la promesa de líneas de crédito del mismísimo ICO (Instituto de Crédito Oficial) y se ponen como objetivo la construcción y explotación de inmuebles de viviendas protegidas en alquiler.
Y como para adquirir solares aptos hay que arriesgar el propio dinero para comprarlos, se les ocurre algo mucho mejor. Contactan con administraciones afines para que les cedan solares céntricos y apetecibles, mejor si son dotacionales, porque entonces están mucho mejor ubicados. La cesión se realiza en régimen de derechos de superficie a los años suficientes como para amortizar, no solo la inversión, sino también el propio inmueble resultante.
Todo esto debe hacerse con concurso público, y eso sería garantía suficiente de limpieza, pero cabría preguntarse si eso es así. Y la primera sombra de duda surge ante la ausencia de ese tipo de entidades, que no solo no abundan, sino que, si se sepa, solo hay una (o dos), con lo que el resultado de la adjudicación pública está prácticamente teledirigido.
Pero, ¿realmente esta “loable” iniciativa de autoempleo, que consiste en crear una “entidad de promoción de viviendas sin ánimo de lucro”, está realmente exenta de ese denostado ánimo de lucro? Hasta hoy, que se sepa, no existen constructoras de viviendas sin ánimo de lucro. Nadie pone una empresa ni invierte o arriesga su dinero sin ese ánimo fatal. Y esta promoción que quiere poner en marcha nuestro alcalde (en Echavacoiz Norte, no lo había dicho todavía) la tendrá que construir alguna empresa constructora con su ánimo de lucro intacto, supongo. Con lo cual, ese inexistente lucro quedará inevitablemente en uno u otro lugar. Además de los sueldos que dicha entidad tendrá que pagar a sus directivos y empleados.
Pero fíjense en lo más interesante de la jugada. Hasta ahora, cuando la administración quería construir viviendas, veamos el caso de Navarra, ha recurrido a la empresa pública, en nuestro caso, Nasuvinsa, que lleva muchos años de actividad, tanto en el ámbito de la venta como en el del alquiler de vivienda protegida. Pero nuestra progresía se ha dado cuenta de que tiene un inconveniente: debe seguir procedimientos de contratación reglados por la propia administración, que respeten la concurrencia pública.
Y eso, para esta casta política, es un engorro. Vean si no lo acontecido con Servinabar y las famosas viviendas de Erripagaina. Así que recurren a esta modalidad, en la que no hay la más mínima competencia, y ya pueden manejarse con las empresas constructoras sin ninguna fiscalización y hacer de su capa un sayo.
Parece que pretenden resucitar los precedentes progres de presunta corrupción, no solo los actuales, Cerdán, Servinabar, Velate, Erripagaina, Adif, etc., sino los históricos, como aquella PSV (Promotora Social de Viviendas), de los años 90, vinculada a la UGT y al PSOE, que promovía vivienda protegida, también sin ánimo de lucro, y que acabó por ser rescatada por el Gobierno de España, y que consistió en una estafa piramidal que entrampó a muchas familias y que tuvo incluso consecuencias judiciales.
Vuelve la mula al trigo, aprovechando que aquellos hechos ocurrieron hace mucho tiempo, y suponen que ya nadie se acuerda, y vuelve para ensayar un trampantojo parecido y meter Pamplona en una senda con dudoso final, en la que lo único seguro es que ese inexistente lucro acabará en los bolsillos de alguien, seguramente el más listo de la clase, que siempre hay uno.
Juan José Echeverría Iriarte
Concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona