Desde 2019 el Estado español está en almoneda. Para mantener la lealtad parlamentaria de sus socios, Sánchez inició un proceso de deconstrucción de la Constitución de 1978.
- miércoles, 23 de julio de 2025
- Actualizado 16:28
Desde 2019 el Estado español está en almoneda. Para mantener la lealtad parlamentaria de sus socios, Sánchez inició un proceso de deconstrucción de la Constitución de 1978.
Pedro Sánchez no ha ganado nunca unas elecciones generales. Ha tenido fracasos muy humillantes, como cuando llevó en 2016 al PSOE a una derrota de tal calibre (80 escaños) por la que hubo de dimitir como secretario general. En 2017 recuperó el liderazgo socialista y en 2018 derribó a Mariano Rajoy mediante una moción de censura, después de hacer grandes concesiones a los partidos que le apoyaron (neocomunistas y separatistas de derecha —PNV y Junts per Cat— y de izquierda revolucionaria —ERC y Bildu—).
En abril de 2019, convocó elecciones. Fue la lista más votada, pero sus 123 diputados estaban muy lejos de la mayoría absoluta. Solo consiguió el apoyo de ERC. En vista de ello, disolvió las Cortes y convocó elecciones que tuvieron lugar el 10 de noviembre de 2019. Perdió 3 escaños, por lo que seguía muy lejos de la mayoría necesaria. Sánchez llegó entonces a la conclusión de que, si quería seguir durmiendo en la Moncloa, la única posibilidad era negociar con los grupos políticos “progresistas”. Como primera providencia, anunció que construiría un muro infranqueable con el Partido Popular. Su modelo no sería el de la República alemana, donde comparten el poder socialdemócratas y democristianos.
Junts y ERC habían anunciado su voto en contra. Al final se abstuvieron, cuando Sánchez les convenció de que el precio que estaba dispuesto a pagar era muy alto. La abstención le facilitaba la investidura. A pesar de estar muy lejos de la mayoría absoluta, consiguió la mayoría simple con 167 votos y así pudo formar un Gobierno de coalición con Podemos.
Esta debilidad de Sánchez fue aprovechada por sus socios. Formó un Gobierno de coalición con Podemos, cuyo líder era entonces Pablo Iglesias, como vicepresidente. Desde entonces España tiene un Gobierno socialcomunista. Es paradójico que el antiguo partido socialista, que en la II República defendía el amor libre, sea en nuestros días un acérrimo defensor de la familia. El presidente es el primero en dar ejemplo. Pero también Podemos, como lo prueba que Iglesias impusiera el nombramiento de la madre de sus hijos como ministra de Igualdad.
Los cinco escaños del PNV fueron clave para el entronizamiento de Sánchez. Pero también aquí se da una gran paradoja. El Gobierno es socialcomunista. En cambio, el PNV es un “partido de derechas”. No ha tenido ningún reparo en exprimir a Sánchez para conseguir que el Estado desaparezca del País Vasco, al tiempo que mantiene una perfecta simbiosis con el capitalismo vasco, si bien gracias a la implantación de un régimen clientelar muy selectivo. Los poderosos lobbys nacionalistas no dan abasto. Y hasta el lehendakari llegado de Burgos ha ordenado auditar todos los contratos de obras públicas firmados por el gobierno del lehendakari Urkullu. Junts y ERC le dieron quebraderos de cabeza al candidato, que in extremis consiguió su abstención. Pronto se sabría que se trató de una abstención pactada.
Desde 2019 el Estado español está en almoneda. Para mantener la lealtad parlamentaria de sus socios, Sánchez inició un proceso de deconstrucción de la Constitución de 1978. El muro para aislar al PP —que, por cierto, derrotó a Sánchez en las elecciones del 23 de julio de 2023 con 136 escaños en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado frente a 122 del PSOE— se puso de manifiesto en las leyes de la memoria histórica y democrática, que han resucitado el fantasma de las dos Españas, enterrando el espíritu de reconciliación y concordia de la Constitución.
Durante la legislatura de 2019, Sánchez inició el acercamiento con Bildu. Otegi recibió la patente de demócrata por parte de Sánchez, que pasó a ser un socio privilegiado. En 2023, dos meses después del apoyo de Bildu a la investidura, Santos Cerdán negoció la entrega del poder absoluto a los filoetarras en el Ayuntamiento de Pamplona, que es la “Jerusalén de los vascos”, según palabras de Otegi.
Con Junts las cosas fueron más difíciles. Pero la creación de una “mesa bilateral”, que negocia en Ginebra, con un mediador internacional, Francisco Galindo Vélez, un diplomático salvadoreño que consiguió el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la organización terrorista FARC, alcanzó el compromiso de aprobar una ley de amnistía para condenados a causa del golpe de Estado del procés de 10 de noviembre de 2017 y permitir el regreso a España de Carles Puigdemont, autotitulado desde entonces Presidente de la República catalana. Junts exige el reconocimiento de Cataluña como nación y el derecho de autodeterminación. La otra exigencia es el reconocimiento como idioma oficial del catalán en la Unión Europea, alegando que es una de las lenguas oficiales de España, argumento falaz porque la cooficialidad se circunscribe al territorio de Cataluña.
Los anteriores antecedentes son imprescindibles para comprender lo que ocurrió el pasado 10 de julio en el Congreso de los Diputados, donde compareció Sánchez para dar cuenta de las presuntas comisiones ilegales vinculadas a Santos Cerdán, que fue todopoderoso secretario de organización del PSOE. Puesto que la mejor defensa es un buen ataque, aparte de bombardear sin piedad al PP como responsable de todos los males, anunció una serie de medidas que pondrían a España en la cabeza de la lucha contra la corrupción.
De la gran batería de propuestas, no hay ninguna realmente innovadora y muchas de ellas ya están en nuestro ordenamiento jurídico. Quizás la medida estrella es la que da satisfacción a la obsesión de Sánchez de amordazar a la prensa incómoda. Una medida que ya está en marcha. Me refiero a la reforma del Reglamento de la Cámara con la finalidad de retirar la licencia como periodista parlamentario a todos aquellos que el PSOE y sus socios “progresistas” califiquen como periodistas de “extrema derecha” o lanzadores de bulos, razón por la que no dejan trabajar a los profesionales de la verdad.
Que la señora Armengol, dentro de unos días, pueda decidir quién es un periodista que sólo cuenta la verdad y quién no merece estar en las Cortes haciendo preguntas “incómodas” a los miembros del Gobierno, es el triunfo del sectarismo sanchista. El derecho a la libre expresión salta por los aires. Pronto veremos la misma situación en la Moncloa y el siguiente asalto será aplicar la “ley mordaza” a los medios que no sean mansos con el Gobierno.
Ya sabemos que Sánchez no se siente vinculado a los programas electorales. Pero en las elecciones generales de 2016 enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción, con un programa de medidas aprobado por el PSOE en 2015. No hay ni rastro de este programa en las medidas de este mes de julio. Y no se olvide que llegó al poder como paladín de la regeneración democrática y lleva ya ocho años en el poder sin haber hecho nada. Si se ha visto obligado a presentar al Congreso la última batería de medidas es porque, hasta ahora, no había adoptado ninguna.
Más aún, son numerosas las leyes que reman en la dirección contraria. Pongo por ejemplo la reforma del Código Penal para modificar el delito de malversación de fondos públicos, de modo que solo sería punible si el autor se hubiera beneficiado personalmente, todo con la finalidad de beneficiar a los condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en el escándalo de los ERE andaluces (al menos 700 millones de euros).
Entre ellos figuraban Manuel Chaves, expresidente del Partido Socialista de España, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, condenado por un delito de prevaricación, y José Antonio Griñán, también expresidente del PSOE, exministro y expresidente de la Comunidad Andaluza, por sendos delitos de prevaricación y malversación. Que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia no arredró a Pedro Sánchez. Borrado el marrón, es como si no hubiera existido.
Y ahí entró en juego la mano que mece al Tribunal Constitucional gracias al maridaje político con el presidente Conde-Pumpido. Pasar por encima de la Justicia para imponer su voluntad mediante un claro abuso del poder para su propio beneficio político, ¿no es corrupción moral?
Quien no duda en dar un giro de 180 grados a las pocas horas de conocer el resultado de las elecciones generales a sus solemnes compromisos electorales y, además, lleva hoy ocho años en el poder —periodo en el que también se olvidó de las propuestas de regeneración democrática— no puede presentarse ahora como el paladín de la pureza democrática, que pisotea cada vez que le conviene. Y ceder al chantaje que permanentemente practican sus “socios” de Gobierno, con tal de mantenerse en el poder, poniendo como ya he dicho al Estado español en almoneda, ¿no es una traición a la Constitución por ser la corrupción moral máxima en que puede incurrir un mandatario?
Una de las medidas estrella del programa de 2015 era la propuesta de reformar la Constitución para limitar a dos legislaturas el mandato de los presidentes del Gobierno. Lástima que no la recuerde. Quizás lo haga en el Palacio de la Mareta, propiedad del Patrimonio del Estado, donde veranea con su familia a costa de los contribuyentes.
Ocurre que dos mandatos son insuficientes para llevar a cabo la revolución socialdemócrata (socialista carpetovetónica o retrógrada), también con fondos del Estado español, que es una misión mesiánica que la humanidad le ha encomendado. Lástima que la Internacional que preside esté plagada de dictadores a los que Sánchez no puede conceder, como a Otegi, dar patente de demócrata.
