Escuchaba hace unos días a un habitual comentarista político, obviamente, de una de las cadenas de televisión no gubernamentales, que el gobierno de Sánchez, tenía en nómina a 971 asesores, en comparación con el del Reino Unido que tenía
121,algo inaudito.
Con toda reserva en cuanto a los datos ofrecidos por la fuente citada, es un escándalo, un brutal derroche y malversación de fondos del erario público, aunque no me llama la atención la cifra, si tenemos en cuenta la variada conformación de fuerzas del llamado gobierno progresista con 22 ministerios.
Pues si desarrollamos esos ministerios, y los cargos políticos a dedo designados por sus titulares, desde Secretarios y Sub-Secretarios de Estado, multitud de Agencias estatales, delegaciones, observatorios, comisiones, confederaciones, o las empresas públicas (cómo las dos que tenían contratada a una amiga de un ministro) aparte de otras encomiendas y “chiringuitos”, se da según parece, la “necesidad” de todos estos cargos a dedo, de contar con sus varios y correspondientes asesores.
El nepotismo, la afinidad política y el amiguismo, son los principios básicos para rodearse de estos casi mil asesores, una auténtica impudicia, quizás debida a la mínima preparación de los titulares, y que han propiciado en recientes ocasiones verdaderas tramas de corrupción, al olvidarse de los principios constitucionales primando el “progresismo” del enriquecimiento injusto. Tenemos casos y personas conocidas en la Comunidad Foral.
El art. 103-1 de la Constitución dice: ”la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales…“ principio que no agrada a algunos de esos asesores, y menos el final del mismo :”con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” y también obvian en cuanto pueden el punto 3 citado artículo : “el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”.
