Premonitorio aviso, de hace casi seis de años, del catedrático navarro de Derecho Constitucional Javier Tajadura que un artículo titulado la ”Democracia amenazada” anunciaba: “Existe una alta probabilidad de que se formen gobiernos minoritarios cuya supervivencia dependa en todo momento de fuerzas políticas extremistas”.
El presagio es ya un hecho, pues tras la grave pandemia, el golpe de estado en la comunidad catalana, la controvertida amnistía, así como la reciente catástrofe de la Dana en el Levante, se han agudizado y confirmado las señales que califican a un régimen de autoritario: como la disposición a controlar las libertades civiles y de los medios, ninguneo al llamado tercer poder, y los subterfugios y añagazas para “gobernar” evitando el Congreso.
Tanto en ámbito nacional como en nuestra Comunidad, sobreviven gobiernos que ni mandan ni gobiernan, sometidos vergonzosamente a la imposición y dictado de minorías extremistas, que condicionan las leyes y normas de esos “títeres” gobiernos , suponiendo un auténtico fraude electoral, que solo persiguen impedir como sea que gobiernen los “hotros”a pesar de haber obtenido estos mejor resultado en las urnas.
El “Índice de Democracia Global” elaborado por la unidad de inteligencia de la revista The Economist para el ejercicio de 2023 afirmaba que sólo 24 países del mundo fueron calificados como democracias plenas, es decir solo el 8% de la población mundial, donde figura incluida España, pues lógicamente no se contabilizan todavía las ultimas fullerías del ególatra mutante de Moncloa.
El retroceso democrático aumenta en América Latina, donde a la cabeza figuran Venezuela, y obviamente Cuba o El Salvador con regímenes autoritarios y con los que el gobierno español según parece mantiene una más que “dudosa” relación. La mayoría de estos sátrapas, como dice un amigo, llevan un “maduro” agazapado entre su lencería democrática.
Un sistema o modelo democrático precisa además para ser legítimo, respetar no solo las leyes y los procedimiento previamente establecidos, sino que en todo caso las “disposiciones dictadas “por imposición”, de los socios que lo sustentan, gocen también en su elaboración de una mínima legitimidad.
Aitor Esteban, portavoz PNV desde la tribuna del Congreso en el pasado mes de julio: “me sorprende que nadie diga que hay cosas que simplemente no se pueden hacer, no porque las prohíba la ley […] y que nadie hable de ética y estética en vez de ordenamiento jurídico". Hay límites más allá de lo legal.
La formación de los actuales gobiernos Central y de la Comunidad foral, desde la percepción de los ciudadanos, ya hacían presagiar la ausencia de esa legitimidad, con nacionalistas e independentistas que reniegan de la nación y de sus instituciones, o como, sus afines, en Navarra recurriendo a tribunales estatales con objeto de imponer sus taimados objetivos, siendo precisamente los que no respetan la norma básica del Estado.
Escribía V. M. Arbeloa “Como he dicho mil veces no hay Gobierno en el mundo sostenido interesadamente por aquellos mismos que, por su naturaleza ideológica o política, quieren acabar con él y con la nación que juntos provisionalmente gobiernan. España es una excepción”.
