En los peores años de la crisis, hubo muchas familias que, ante la imposibilidad de poder hacer frente a la hipoteca, desesperados ante lo que podría llegar, se quitaban el piso de encima, lo vendían a precio de saldo, y se iban a vivir con un pariente.
Con la venta se marchaban muchos años de ahorros y renuncias, pero suspiraban aliviados. Entonces, llegaba el ayuntamiento del lugar y les obligaba a pagar un impuesto nuevo, por la plusvalía del inmueble. ¿Plusvalía? ¡Pero si la compra del piso les había arruinado..! ¡Pero si eso era algo así como pegarle una patada al que está a punto de alcanzar la orilla..!
Nada, nada, el impuesto, al que se denominó Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -les salió el nombre tan largo como el atraco- había que pagarlo.
Fuimos bastantes los que denunciamos el disparate, pero la codicia recaudatoria de la Administración, en todos sus niveles, es tan ciega como el tigre ante la pieza de carne.
Menos mal que siempre hay un ciudadano que arrostra la heroicidad de pleitear contra la poderosa Administración, o contra los poderosísimos bancos, y alguna vez, el pequeño David vence la Goliat. Sucedió con las preferentes, y ha pasado ahora con este atraco municipal. Claro que los atracos anteriores al año 2013 han prescrito, pero se prevé que los atracadores, o sea, los ayuntamientos, deberán devolver más de 8.000 millones de euros.
Y lo peor no es eso, lo peor es que cuando compruebas que los recaudadores cometen abusos, se desmoraliza la solidaridad. Ya puede gastarse el ciudadano Montoro dinero de nuestros bolsillos en ingentes campañas de publicidad para convencernos de que pagar los impuestos es asunto de caballeros. Los que no son unos caballeros son los recaudadores que abusan del ciudadano y, desde luego, le han jodido la campaña al Ministerio de Hacienda. Porque se han portado como bandoleros. Legales, pero bandoleros.
