La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha valorado la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que anula el decreto de transferencia a Navarra de las competencias de tráfico que, hasta la fecha, ejercía la Guardia Civil, y que supone de facto, la expulsión de la Benemérita de la Comunidad foral.
"Un traspaso de competencias en materia tan importante como es el Tráfico no puede hacerse por un mero acuerdo del Consejo de Ministros a través de un decreto ley", afirma Jucil. "Este sistema exprés con el que se pretendía eliminar la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra fracasa", insisten y apuntan que "si quieren hacerlo, tendrán que acudir, como marca la ley, a la modificación de la Ley del Amejoramiento del Fuero" o bien "a la aprobación de una ley específica que traspase esas competencias".
En ambos casos, la modificación o una nueva ley, ésta tendrá la condición de ley orgánica y exige la mayoría absoluta de la cámara. “Los servicios jurídicos de Jucil precisaron desde el primer momento que, con las prisas de usar a los guardias civiles como una moneda de cambio para conseguir el gobierno en la Comunidad Navarra, se saltaban los preceptos legales”, afirma el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño tras conocer la sentencia.
“Lo primero entendimos y así lo dijimos que ésta no era la forma de hacer estas cosas. Por eso, en nuestra demanda ante el Supremo admitíamos que, si finalmente es el Parlamento español quien decide que sea así, al menos que se cumplan los procedimientos legales. No es lógico que el propio Gobierno se salte las normas”, asegura Ernesto Vilariño.
El fallo del Tribunal Supremo expone que la Ley de Reintegración y Amejoramiento no incluye en su contenido ningún título competencial que encaje en las tareas que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra.
Y cuando se pregunta qué competencia tenía Navarra respecto al tráfico antes de la aprobación de esta norma precisa que “la realidad normativa” es que “la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil” por lo que la Policía Foral se ha limitado a una función “subordinada” en este aspecto, Y son estas funciones que ejerce la Guardia Civil “las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial” ni con la actual Ley Foral, ni antes de promulgarse, argumentan los magistrados del Supremo.
La sentencia también desestima las alegaciones de la alegación planteada por la Comunidad Navarra de que Jucil carecía de legitimación activa para llevar adelante el recurso. Y el Supremo utiliza para justificar esta legitimación precisamente con los razonamientos que eleva la comunidad foral. “La mejor defensa de la legitimación activa de Jucil la hace la propia comunidad, porque para negársela sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y, a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas en otros destinos geográficos, es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral”, explica el fallo judicial. “Es obvio que cualquiera de estas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial”, concluyen los magistrados del Tribunal Supremo.
“Los guardias civiles hemos sido usados, una vez más, como moneda de cambio para formar una mayoría de gobierno en una región en la que necesitaban los votos de los independentistas de EH Bildu. No les ha importado recurrir a un método ahora declarado nulo por los tribunales para conseguir sus objetivos” afirma Ernesto Vilariño. “Han jugado con la vida de los cerca de doscientos compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, pero también con la de sus familias, porque se trata de personas que residen en esta comunidad, muchos incluso son nacidos en ella y, ahora también lo reconoce la sentencia del Supremo, se les imponía la voluntad de unirse a la Policía Foral, si esto era posible, o verse expulsados de Navarra”, agrega Vilariño.
