El tablero político de la Comunidad Foral ha saltado por los aires este lunes en los despachos del Parlamento de Navarra. La Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas de un informe jurídico demoledor remitido por el propio Gobierno de Navarra que zanja de forma definitiva el futuro inmediato de la legislatura: la presidenta María Chivite ya no tiene la potestad legal de adelantar las elecciones forales. El plazo máximo para disolver de forma anticipada la Cámara expiró, sin vuelta atrás, el pasado 22 de mayo de 2026.
El documento ha causado un enorme impacto en los pasillos parlamentarios, no solo por su estricto contenido técnico, sino por el momento político en el que se ha solicitado. Fuentes bien informadas confirman que la líder del PSN llegó a sopesar seriamente un adelanto electoral como vía de escape ante el asfixiante aluvión de casos de corrupción que cercan al Partido Socialista a nivel nacional y regional (con el foco sobre Santos Cerdán), temiendo que nuevos escándalos judiciales sigan triturando sus apoyos parlamentarios y desgastando su imagen pública en los próximos meses.
La clave de este bloqueo se encuentra en el artículo 30.3 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna). Este precepto legal limita de forma tajante el poder de la Presidencia para disolver el Parlamento "cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura".
Los letrados han interpretado que la legislatura debe computarse estrictamente "de elección a elección". Tomando como referencia que los anteriores comicios se celebraron el 28 de mayo de 2023, la normativa dicta que las siguientes elecciones autonómicas obligatorias deberán fijarse el cuarto domingo de mayo de 2027, es decir, el 23 de mayo de 2027.
Haciendo la cuenta atrás, la legislatura expira oficialmente el 22 de mayo de 2027, lo que convertía al 22 de mayo de 2026 en el último día hábil en el que Chivite podía haber pulsado el botón rojo del adelanto electoral. Al haber superado esa fecha por apenas diez días, la presidenta ha perdido por completo el control del calendario.
La revelación de este informe jurídico otorga una dimensión completamente nueva a las acusaciones vertidas recientemente por la oposición. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ya había asegurado públicamente que Chivite tenía sobre su mesa el escenario de una convocatoria electoral anticipada en Navarra, pero que decidió congelarlo "por el miedo al resultado que pudiera obtener en las urnas" en pleno estallido de las investigaciones de la UCO.
Con el veto legal certificado por los propios servicios jurídicos del Ejecutivo, la conclusión práctica es meridiana: los navarros no votarán hasta mayo de 2027. María Chivite queda desarmada de su principal herramienta de presión política y se ve abocada a afrontar lo que queda de mandato en una posición de extrema debilidad: atada de pies y manos a las exigencias de sus socios de Gobierno y soportando el desgaste diario de unas tramas de presunta corrupción que no dejan de estrechar el cerco sobre las siglas del socialismo navarro.
