La juez declara responsable subsidiario al Estado por no proteger a la víctima y fija indemnizaciones superiores a 230.000 euros.
La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 18 años de prisión a la mujer que asesinó por asfixia a su compañera de celda en el Centro Penitenciario de Pamplona la noche del 7 al 8 de noviembre de 2021. La sentencia, dictada tras el veredicto de un jurado popular, aprecia la atenuante de alteración psíquica debido a la grave adicción a las drogas de la acusada.
La magistrada también ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de Instituciones Penitenciarias, al considerar que existió una omisión de medidas de protección o un déficit de vigilancia respecto a la víctima. La institución deberá indemnizar con 148.096 euros a la hija menor de la fallecida, con 65.820 euros a su madre y con 20.000 euros a su pareja sentimental.
La víctima, interna en el centro desde abril de 2021, era reclusa de apoyo de la acusada dentro del Programa de Prevención de Suicidios (PPS), por lo que dormía en su misma celda. En el transcurso de esa noche, la procesada la estranguló “por la espalda y de forma sorpresiva”, utilizando un objeto blando, como un antebrazo o una toalla, según recoge la sentencia.
Horas antes del crimen, la víctima había comunicado a una funcionaria su malestar por convivir con la acusada y presentó una instancia oficial de renuncia a su función como reclusa de apoyo, alegando que afectaba a su salud mental. El centro penitenciario no adoptó medidas tras la advertencia, según detalla la resolución judicial.
El jurado popular, que emitió su veredicto el pasado 6 de octubre, basó la culpabilidad en los testimonios de los testigos y en los informes forenses presentados durante el juicio, celebrado entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre. La acusada, de 51 años, fue declarada culpable de asesinato con atenuante de alteración psíquica.
Tras el veredicto, la Fiscalía solicitó una pena de 19 años de prisión, la acusación particular —en representación de la pareja de la víctima— pidió 25 años, mientras que la acusación que representaba a la madre y la hija de la fallecida, así como la defensa, reclamaron 15 años.
En la sentencia, la juez resalta el abuso de confianza que supuso el crimen, al producirse contra quien tenía el encargo de cuidar a la acusada. Esa circunstancia, afirma, “debe tener reflejo en la individualización de la pena, por el mayor reproche que se constata de lo expuesto”.
Además de la condena de prisión, la magistrada impone a la reclusa una medida de libertad vigilada de ocho años tras el cumplimiento de la pena. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
